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martes, 4 de febrero de 2014

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PIDE A ESPAÑA QUE PROHIBA LOS INDULTOS PARA CORRUPTOS


Transparencia Internacional pide a España que prohíba los indultos para los corruptos





La organización Transparencia Internacional (TI), que se dedica a combatir la corrupción en un centenar de países, pidió hoy que se restrinja “al máximo” el número de indultos que concede el Gobierno en España. Además, planteó prohibir esta medida de gracia para los condenados por corrupción.

Jesús Lizcano, presidente de la división española de TI, valoró así, en declaraciones a Servimedia, la proliferación de peticiones de indulto de personas de cierta notoriedad, como es el caso del expresidente balear Jaume Matas o el exjuez Baltasar Garzón. Lizcano manifestó que esta medida de gracia debe ser “excepcional” y “se debería prohibir para los casos de corrupción”.

El presidente en España de TI comentó que la ciudadanía española observa que “hay demasiadas excepciones” en lo que se refiere a la aplicación de la justicia, sensación que se acrecienta por el hecho de que exista una “percepción” de que se “generalizan los indultos”.

A su juicio, “es necesaria una transparencia previa a la concesión” de las medidas de gracia, ya que, en muchos casos, la concesión o petición de indulto se conoce “en los medios de comunicación” sin “justificar” los motivos.

WEB DE INDULTOS

Asimismo, Lizcano insistió en que “se deberían dar pocos indultos” en España, pero que, además, “se deberían difundir los motivos” por lo que el Ejecutivo decide eximir a un condenado de cumplir una condena.

Con este fin, el presidente de TI en España planteó la posibilidad de crear una “página institucional” donde se publicaran los indultos que se conceden y, de esta forma, “el ciudadano y la sociedad en su conjunto” pueda conocer los motivos que justifican esta medida.

Junto con el listado de indultos, TI también propone que se publiquen “los argumentos” que llevan a aprobar cada una de las peticiones, puesto que es “una información que atañe a la justicia y a los ciudadanos”.
FUENTE

lunes, 3 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA UE TACHA DE INSUFICIENTE LA LEY DE TRANSPARENCIA POR CARECER DE ORGANOS INDEPENDIENTES


La UE tacha de insuficiente la nueva ley española de transparencia porque carece de órganos independientes de control

  • La Comisión Europea ha reclamado a España medidas para una mayor vigilancia de la financiación de los partidos políticos
  • Bruselas considera insuficiente la futura Ley de Transparencia porque carece de mecanismos independientes control


El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su salida de los juzgados el 4 de abril de 2013.  EFE

La Comisión Europea ha reclamado este lunes a España que tome medidas para una mayor vigilancia de la financiación de los partidos políticos para detectar irregularidades y que refuerce el régimen de sanciones, como parte de las medidas para combatir la corrupción en el país.

En un informe sobre la corrupción en España, Bruselas pide una auditoría externa anual para cada formación política y que publiquen 'on line' su cuenta de resultados, incluidos los préstamos, al tiempo que recomienda "prestar mayor atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado".

El documento, de 16 páginas, repasa las reformas emprendidas en los últimos años por el Gobierno, como, por ejemplo, la Ley de Transparencia que considera un "importante paso adelante", peroinsuficiente porque no cuenta con "garantías suficientes para la independencia" de su mecanismo de control.

También se hace eco, aunque sin nombrarlos explícitamente, de alguno de los casos más sonados en España, como la investigación que afecta "a un extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas", enreferencia al llamado caso Bárcenas.

Otro de los principales problemas que señala el Ejecutivo comunitario en la lucha contra la corrupción en España figura la eficacia "insuficiente" de los "controles y equilibrios" en el gasto público a nivel autonómico y local. "Las amplias competencias atribuidas (a las comunidades y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", indica el texto.

Además, apunta el "alto riesgo" de corruptelas en los sectores de la construcción y en la recogida de basuras de acuerdo al alto número de investigaciones iniciadas en estos sectores por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Según los datos de Eurobarómetros recientes, el 95% de los españoles cree que la corrupción es un problema "muy extendido" en su país, frente a la media del 76% en el conjunto de la UE, y el 63 % de los españoles (la media más alta de toda la UE) cree que la corrupción le ha afectado personalmente en su vida cotidiana.

En la presentación de su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, con conclusiones para todos los Estados miembros, la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, ha alertado de quelas prácticas corruptas tienen un coste de "120.000 millones de euros cada año" para la Unión europea y ha lamentado que, si bien muchos de los Estados miembros tienen leyes específicas para luchar contra estos delitos, no siempre las aplican.

"Las instituciones (de vigilancia) están ahí, pero no siempre funcionan", ha dicho la comisaria en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha indicado que la crisis económica parece haber "impulsado" los casos de corrupción en la UE, sobre todo a escala regional y local, pero ha advertido de que no existen datos específicos por ser este el primer análisis que se realiza.

FUENTE

jueves, 12 de septiembre de 2013

LEY DE TRANSPARENCIA NO OBLIGARA AL REY NI A SU FAMLIA A DAR DETALLES DE SUS GASTOS Y NEGOCIOS


La Ley de Transparencia no obligará al rey ni a su familia a dar detalles de sus gastos y negocios

La Iglesia no aparece citada expresamente pero también deberá rendir cuentas del dinero público que recibe
El proyecto, que será aprobado este jueves por el Congreso, contará con el voto en contra del PSOE, salvo sorpresas de última hora, la Izquierda Plural, ERC y el BNG

El Rey y Rajoy se reúnen hoy en su único despacho del verano en Marivent
El dictamen de la ley de Transparencia que este jueves se somete a votación en el pleno del Congreso incluye a la Casa del Rey aunque los miembros de familia real no estarán obligados a pormenorizar los gastos de sus numerosas actividades públicas, ni a desvelar los negocios que realicen con las asignaciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado.
La Iglesia no aparece citada expresamente en la ley aunque también tendrá que dar explicaciones del dinero público que ingresa como todas aquellas instituciones, organismos o empresas que reciban más de un 50% de subvenciones del Estado.
El PSOE mantendrá su voto en contra -salvo sorpresas de última hora- así como Izquierda Plural, ERC y el BNG. Todos, eso sí, defenderán desde la tribuna sus enmiendas, que han quedado fuera del dictamen. Sin embargo, el proyecto saldrá adelante para ser enviado al Senado gracias a la mayoría absoluta del PP y al apoyo de CiU, PNV y varios grupos minoritarios.
“Evidentemente no se va a poder saber cuánto se gasta un miembro de la familia real en peluquería al igual que tampoco los parlamentarios tenemos por qué dar detalles de los gastos que hacemos en vacaciones con nuestros sueldos”, afirmó a eldiario.es uno de los ponentes de la ley que mañana subirá a la tribuna a defender la postura de su grupo ante una ley que, según el PP, es “una de las más avanzadas de los países de nuestro entorno”.
Sin embargo, en muchos aspectos el proyecto deja bastante que desear. Por ejemplo, en lo que respecta a la Casa del Rey. Aunque desde hace meses la página web de Zarzuela da cuenta de la agenda de los miembros de la familia real y del presupuesto que tiene asignado, la nueva ley de Transparencia no avanza mucho más allá. La disposición adicional sexta establece, además, que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno “el órgano competente para tramitar el procedimiento de cualquier solicitud de información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley”.
El Gobierno, pues, será el que decidirá lo que puede o no hacerse público ante la solicitud de un colectivo o un particular.
Paradójicamente, aunque la ley incluye el derecho a pedir información, no hay obligatoriedad de dar respuesta a todo lo que se quiera saber. Los límites al derecho de acceso a la información quedan establecidos en el artículo 11 (nuevo artículo 14) que  podrá ser restringido cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y la protección del medio ambiente. Trece límites en los que podrán excusarse los responsables de nuestras administraciones para denegar datos que consideren ‘inadecuados’.
El artículo 19 aclara que “el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”.
La ley establece que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los secretarios de Estado y demás altos cargos, deberá publicarse en el BOE, "omitiéndose datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares". Los miembros del Senado y del Congreso se regirán por el Reglamento de sus respectivas Cámaras por lo que dependerá de ellos mismos decidir, por ejemplo, si en la web se desglosan los gastos de los numerosos viajes de trabajo que realizan, más allá de la cifra global que hayan supuesto, y otros detalles de esos desplazamientos. Sus bienes patrimoniales y declaraciones de la renta están ya en la página web aunque con datos incompletos y ambiguos en muchos casos.
En la ley están asimismo incluidos los partidos políticos que deberán declarar las donaciones que reciban de empresas o particulares, y estas recíprocamente. También se someten a la ley los organismos judiciales, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo Económico y Social. Evidentemente, quedan dentro de la ley las organizaciones sindicales, la CEOE, las fundaciones y todas aquellas entidades privadas y sociedades mercantiles con participación pública o que reciban subvenciones del 50% de su capital social.  En este lote, dado que recibe sustanciosas ayudas económicas del Estado, estaría la Iglesia pero en el texto del proyecto de ley no se la nombra en ningún momento.
Para vigilar el cumplimiento de la ley se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano ‘independiente’ cuyo presidente será elegido por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y no podrá ser destituido durante su mandato. Ya no será el Ministerio de Hacienda el que aplique las sanciones, como en un principio se había establecido. El Consejo será el encargado de solventar las reclamaciones y recursos. Los nacionalistas de CiU y del PNV han quedado satisfechos porque este Consejo respeta las competencias autonómicas y sólo intervendrá  en las comunidades con las que haya firmado convenio, dejando que sea el órgano autonómico designado el que actúe en cada caso.
En el apartado del Buen Gobierno, las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley deberán cumplir una serie de normas. Entre otras cosas, “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.
La ley también cuenta con un régimen sancionador que se aplicará “a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente”. Algunas infracciones podrían dar lugar a “la destitución del cargo público que ocupe el infractor, y la no percepción de pensiones indemnizatorias”. En los casos más graves la inhabilitación sería de entre 5 y 10 años. Los infractores, además, tendrán la obligación de “devolver las cantidades indebidamente percibidas y de indemnizar por ello a Hacienda”.
El PSOE e Izquierda Plural, al igual que el BNG y ERC, están dispuestos a mantener sus posturas de votar en contra de ley como muestra de rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno en el caso Bárcenas y “las mentiras” que ha vertido en sede parlamentaria, según aseguran estos grupos. Sin embargo, el proyecto será aprobado gracias a la mayoría absoluta del PP y con los votos de CiU, PNV y posiblemente también de UPyD, que han participado en los trabajos del dictamen de la ponencia, además de varios diputados del Grupo Mixto. El proyecto pasará al Senado, donde no se esperan cambios, para ser definitivamente devuelto al Congreso para su aprobación final antes de que acabe el año.

sábado, 27 de abril de 2013

GOOGLE, SOLICITUDES DE CENSURA

INFORME DE GOOGLE SOBRE LAS SOLICITUDES DE CENSURA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS

Informe de transparencia: más solicitudes gubernamentales de retirada de contenido que nunca (fuente google)

Hace tres años, cuando lanzamos el Informe de transparencia, dijimos que esperábamos que sirviera para aclarar la escala y el ámbito de las solicitudes gubernamentales de censura y de adquisición de datos en todo el mundo. Hoy, por séptima vez, presentamos nuevas cifras de las solicitudes gubernamentales que recibimos para la eliminación de contenido de nuestros servicios. De julio a diciembre de 2012 recibimos 2.285 solicitudes gubernamentales instando a la eliminación de 24.179 elementos de contenido, lo cual supone un aumento con respecto a las solicitudes que recibimos en la primera mitad de 2012: 1.811 solicitudes de eliminación de 18.070 elementos de contenido.


A medida que acumulamos e informamos sobre más datos con el tiempo, cada vez se hace más patente que el ámbito de los intentos de los gobiernos de censurar contenido en los servicios de Google ha aumentado. En más sitios que nunca, los gobiernos nos han pedido que eliminemos contenido político que la gente publica en nuestros servicios. En el periodo que analizamos ahora, hemos recibido órdenes judiciales de diversos países exigiendo la eliminación de entradas de blog que criticaban a miembros del gobierno o a personas asociadas.

Puedes obtener más información sobre estas solicitudes dirigiéndote a
la sección de notas del Informe de transparencia. Cabe destacar tres situaciones que se produjeron en la segunda mitad de 2012:
Hubo un aumento importante de solicitudes en Brasil, donde recibimos 697 solicitudes de retirada de contenido de nuestras plataformas (de las cuales, 640 fueron órdenes judiciales, lo cual equivale a recibir un promedio de 3,5 órdenes judiciales al día durante este periodo) frente a las 191 que recibimos en la primera mitad del año. El principal motivo de esta escalada fueron las elecciones municipales, que tuvieron lugar en el otoño pasado. Casi la mitad del total de las solicitudes (316 para ser exactos) pedían la eliminación de 756 elementos de contenido por supuestas infracciones del Código electoral brasileño, que prohíbe la difamación y los comentarios ofensivos contra los candidatos. Apelamos muchas de las órdenes basándonos en el principio de que el contenido está protegido por la libertad de expresión según la Constitución brasileña.

Otro de los lugares donde se ha producido un aumento de las solicitudes es Rusia, donde entró en vigor una nueva ley en otoño. En la primer mitad de 2012, recibimos seis solicitudes, que es la cifra más elevada recibida nunca de Rusia en un periodo de seis meses. Pero, en la segunda mitad del año, recibimos 114 solicitudes de eliminación de contenido, 107 de las cuales citaban esta nueva ley.

Durante este periodo, recibimos consultas de 20 países sobre vídeos de YouTube que contenían clips de la película “La inocencia de los musulmanes”. Si bien los vídeos respetaban nuestras Normas de la comunidad, restringimos la reproducción de vídeos en varios países después de recibir quejas legales formales y de conformidad con las legislaciones locales. También restringimos temporalmente vídeos en Egipto y Libia debido a las circunstancias particularmente difíciles en esos países.
También hemos realizado un par de mejoras al Informe de transparencia desde nuestra última actualización:
Ahora dividimos las solicitudes gubernamentales acerca de vídeos de YouTube para aclarar si los videos se retiraron como respuesta a solicitudes gubernamentales por infracción de las Normas de la Comunidad o bien si restringimos su reproducción debido a las leyes locales. Puedes ver los detalles si te diriges hasta el final de las páginas de cada país.

También hemos cambiado la sección Tráfico para que resulte más fácil ver dónde y cuándo se alteraron los servicios de Google. Puedes ver un mapa de los sitios donde nuestros servicios están afectados en la actualidad, un mapa de todas las alteraciones conocidas desde 2009 y también puedes navegar con más facilidad entre periodos de tiempo y regiones.
      
La información que compartimos en el Informe de transparencia es solo una mínima parte de lo que ocurre en Internet. Esperamos que, a medida que revelamos más datos y seguimos expandiendo el servicio, ayudemos a dirigir la atención hacia las leyes de todo el mundo que gobiernan la libre circulación de información online.