ESPAÑA: LA POLICIA INDICA QUE CASCOS FUE EL MAYOR PERCEPTOR DE FONDOS DE GURTEL

La Policía señala a Álvarez Cascos como "el mayor perceptor de fondos" de Gürtel

Los agentes toman nuevas revelaciones en la investigación de la 'caja b' del PP para señalar al antiguo número dos de Aznar

La red de corrupción anotó durante 14 años entradas y salidas de dinero a nombre de Álvarez Cascos, al que se refería de ocho formas diferentes 

Francisco Álvarez Cascos, el ‘todopoderoso’ escudero de José María Aznar, es “el mayor preceptor en la distribución de fondos” de una de las tramas que integran el ‘caso Gürtel’. Así lo pone de manifiesto la Policía en uno de los cuatro informes que acaba de entregar al juez Pablo Ruz y que comienzan a establecer conclusiones alcanzadas tras más de cinco años de investigación. Para  los investigadores de la UDEF,  tras las siglas ‘PAC’ se esconde Paco Álvarez Cascos, el “general secretario” del Partido Popular durante una década, ministro de Fomento cuatro años y vicepresidente del Gobierno de España durante otros cuatro.

La Policía ha logrado corroborar sospechas y establecer vínculos en el seno de sus pesquisas gracias a la pieza separada conocida como ‘caso Bárcenas’ y que no es otra cosa que la investigación de la financiación irregular del PP durante dos décadas.  Los agentes destacaN la declaración del extesorero del PP en el marco de esta pieza separada en la que señala a Francisco Álvarez Cascos. “Partiendo de este hecho ex novo”, dicen los investigadores, han realizado un  “análisis correccional del conjunto de elementos existentes que obran en la cusa y que permiten, una vez integrados en su conjunto, identificar de forma indiciaria a la persona que se designa bajo el acrónico ‘PAC’”

En el caso que ocupa el informe de la UDEF se investiga la relación del Grupo Ros Roca con la Administración. De esa empresa habrían recibido fondos los siguientes políticos del PP: Jesús Merino, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote, Luis Bárcenas y la persona que se esconde en la documentación tras las siglas PAC. A cambio de mediar en favor de Ros Roca, todos ellos habrían recibido una comisión, así como “retornos derivados de la participación en la explotación del proyecto económico favorecido”, reza el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es

Para dar forma a esta trama de corrupción, Francisco Correa habría utilizado a Luis Miguel Pérez, el ‘ingeniero’ de una madeja que incluía una estructura de sociedades mercantiles, otra financiera –para la circulación de fondos- y otra jurídica. Pero quien tomaba las decisiones era, según la Policía, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y presunto ‘número dos’ de la trama Gürtel.

Y aquí es donde entra Álvarez-Cascos. El político que durante 14 años (1990-2004) aparece en la contabilidad de la trama mencionado como "PAC, P.A.C, Paco A.C, Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos, Paco, Cascos, Paco Álvarez". Una de las sociedades de la trama, Rialgreen S.L firmó contratos con el PP para la organización publicitaria de las campañas electorales de 2003 y 2004. En varios documentos, PAC aparece como receptor de comisiones. “Existen varios elementos, los cuales, una vez integrados de forma conjunta, permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuaya identidad está detrás del acrónico MAC se estaría refiriendo a Francisco (Paco) Álvarez Cascos”, dicen los policías.

¿En qué se basan los agentes? En primer lugar, en que el exconcejal José Luis Peñas grabó a Correa diciendo que había llevado dinero a Bárcenas, a Génova y a su casa, “procedente de adjudicaciones de Fomento, cuando estaba Cascos”, recoge el informe. En sede judicial, Correa dijo que una de las cuentas que llevaba era la de AENA y que era así por decisión de Álvarez-Cascos . Aquí la UDEF recalca que aún se investigan las adjudicaciones del organismo público a las empresas de Correa.

Cascos vuelve a aparecer en el informe cuando se citan las relaciones comerciales establecidas en el año 2008 entre una empresa de Luis de Miguel Pérez, el “ingeniero” de Gürtel, con otra cuyo presidente, consejero delegado y máximo accionista era el exministro de Fomento. Su empresa le facturó a la de De Miguel 69.600 euros. Pero es que Bárcenas le dijo a Ruz que, sin género de duda, PAC era el exvicepresidente del Gobierno.

Aún así, la Policía solicita al juez nuevas diligencias para que requiera documentación a las empresas implicadas en la trama para constatar que quien se esconde tras los pagos de la Gürtel es Francisco Álvarez Cascos.

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ESPAÑA: LA POLICIA IMPLICA A ALVAREZ CASCOS EN EL CASO GURTEL

La UDEF implica a Álvarez Cascos en el 'caso Gürtel'

Según la UDEF fue el político "mayor perceptor de dinero" del entramado

Los agentes concluyen en un nuevo informe al juez Ruz que las siglas 'PAC' se corresponden con las del exministro y exsecretario general del PP

Las siglas PAC corresponden a Francisco Álvarez Cascos según el último informe de la UDEF remitido al juez Ruz, al que ha tenido acceso la SER. Hasta ahora, los agentes habían identificado el resto de acrónimos con los que la trama se refería a los políticos que supuestamente recibían mordidas, pero no "al más importante"; "mayor perceptor de dinero", según los policías.

La UDEF llega a esta conclusión tras cruzar las diligencias realizadas durante años con la supuesta contabilidad B de Bárcenas, que también se refiere al exsecretario general del PP por esas siglas.

Además, la UDEF constata una relación empresarial entre el abogado que diseñó la trama de evasión de capitales de Correa y el propio Cascos. El exministro habría recibido 69.000 euros por este concepto.

La Policía pide a Ruz que investigue esas vinculaciones

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MARTINSA SE NIEGA ANTE EL JUEZ RUZ A REVELAR LOS CLIENTES DE LA GURTEL

El dueño de Martinsa se niega ante Ruz a 

revelar los clientes del tesorero de la Gürtel

Fernando Martín, el presidente y máximo accionista de  la inmobiliaria Martinsa, reconoció ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional que él y otros muchos empresarios españoles se beneficiaron de los servicios del bróker suizo Gian Franco Fasana para depositar sus fondos opacos en la cuenta Soleado. Para Martín "el señor de la cuenta de Suiza", como define a Fasana, "era un inversor internacional que colocaba muchísimo dinero de muchísima gente española".           

Sus declaraciones ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se produjeron el pasado 16 de septiembre y, como en las comparecencias de otros testigos o imputados, fueron grabadas en vídeo. Las explicaciones del inversor español ante el magistrado, que instruye la causa Gürtel, han sido transcritas de manera literal por El Confidencial a partir de un archivo audiovisual que está incorporado al sumario.    

       

El dueño de Martinsa, como otros empresarios españoles, también se sirvió de Fasana para desviar en 2006 a la cuenta Soleado de Ginebra siete millones de euros de unos fondos que ocultaba en dos entidades bancarias de Mónaco. Según Martín, directivos del Lloyds Bank y de la Compañía Monegasque le recomendaron entonces los servicios del bróker helvético y, ya en Madrid, sus colegas del sector inmobiliario le ratificaron la solvencia del fiduciario de Rhone Gestión. "Ya verás como es un inversor que tiene a muchísimos clientes españoles de mucho prestigio y buena gente que tiene mucho dinero; pregunta, ya verás", le aseguraron y Martín, tal cual, se lo manifestó al magistrado Ruz en su comparecencia judicial.           

El empresario español sabía en 2006 dónde se metía y a quién confiaba su dinero opaco: "Antes de hacerlo, procuré informarme de compañeros míos o profesionales para ver si lo conocían y me dijeron que sí, que era una persona que hacía buenas inversiones y que ganaba dinero". Según Martín, Fasana es un inversor internacional "muy bueno, que ha recogido dinero de muchísimos españoles y que ha hecho muchísimas operaciones en el extranjero, tanto de inversión inmobiliaria como de inversión mobiliaria".         

  

Una lavadora de dinero negro

La cuenta Soleado es uno de los grandes misterios de la investigación judicial en el caso Gürtel que sigue sin esclarecerse. Suiza ha contestado a varias comisiones rogatorias de la justicia española, pero Soleado sigue cubierta por un manto de misterio y Fasana continúa sin perder su condición de imputado en la causa Gürtel.

Durante años, esta cuenta nodriza, desde donde se redistribuía el dinero de los inversores españoles (de ahí el nombre Soleado, por el sol mediterráneo) a bancos internacionales y a nombre de sociedades instrumentales constituidas en paraísos fiscales, ha sido una verdadera lavadora de dinero negro, según las investigaciones judiciales. Por esa cuenta ha pasado el dinero de Francisco Correa, se han pagado los vuelos secretos de Corinna en jets privados y los servicios secretos han dispuesto de activos con documentación reservada a nombre de personas inexistentes.       

   

El propio Martín reconoció ante el juez Ruz que las cantidades que transfirió a Soleado eran suyas, no de la sociedad Martinsa, y que era dinero negro: "La mía no voy a decir que es una actuación correcta, cuando he llevado dinero que era dinero, entiéndame, en el buen sentido del término, que lo digo, dinero 'B', pero lo llevé yo personalmente". Martín regularizó después sus cuentas en el extranjero tras poner en marcha el Ministerio de Hacienda el proceso de amnistía fiscal.           

El propietario de Martinsa, sociedad inmobiliaria que entró en proceso concursal tras el estallido de la crisis del ladrillo, se sirvió de dos instrumentales personales para ocultar su dinero. Primero, la sociedad Finca y, más tarde, Cedargrove, a nombre de las que abrió dos cuentas fuera de España. Según él, "una para inversiones y otra para renta fija".     

Los otros empresarios españoles     

La policía llegó hasta su dinero a raíz de las investigaciones sobre la trama Gürtel, aunque Martín negó ante el juez que conociera a Francisco Correa y a Ramón Blanco, que compartían con él la cuenta Soleado de Ginebra. Sólo reconoció haber coincidido con ellos en "algún acto institucional", aunque en el sumario existen datos sobre transferencias bancarias de Martín a la red de Correa. Fernando Martín sí manifestó que "el señor de Soleado" lo visitó muchas veces en España para estudiar las inversiones.      

     

El fiscal de la causa se interesó por otros empresarios españoles que también se habían servido de la cuenta Suiza y preguntó a Martín por los nombres de quienes le habían recomendado a Fasana y la cuenta Soleado, pero Martín escurrió el bulto: "Son bastantes, pero ahora no me atrevo a decir si fue..., pero fueron muchos y muchas veces".     

      

El magistrado Ruz, viendo que el compareciente intentaba sortear al fiscal con sus respuestas sobre Fasana y la cuenta Soleado, requirió a Martín para que le facilitara esos nombres. Pero el dueño de Martinsa se negó: "No voy a dar más detalles. No soy consciente de lo que hubiera y no quiero decirle una cosa que no sea correcta".           

Y el juez Ruz insistió: "He creído entender que usted había hecho alguna gestión sobre otras personas o inversores que habían depositado dinero en la cuenta Soleado o llevadas por el señor Fasana. ¿Esto fue así o lo he entendido yo mal?".           

"No. Me ha entendido bien. Pero una cosa es la cuenta Soleado y otra este señor (Fasana), sobre si era una persona que tenía distintos contactos y personas aquí que invertían con él y tal", respondió Martín con ambigüedad.           

"¿Y puede especificar cuáles fueron esas gestiones?", le replicó Ruz. A lo que Martín nuevamente se negó a precisar:           

"Recuerdo perfectamente a las personas que consulté, pero no las quiero mezclar porque yo no sé cómo tienen su inversión o la tenían".           

Parecía el punto final, pero Ruz insistió: "¿Vincula usted a algunas de esas personas con las imputadas en estas actuaciones?".           

"No. De los que están imputados, ninguno", aclaró el millonario del ladrillo.           

Martín dejaba claro que, fuera de la trama Gürtel existían "muchísimos españoles" que, como Correa o él mismo, habían realizado "muchísimas operaciones" a través de Soleado. Algunos, según el dueño de Martinsa, de "muchísimo prestigio". La investigación sigue abierta.

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ESPERANZA AGUIRRE REVELA QUE RAJOY CONOCIA DESDE 2004 LOS PELOTAZOS DE LA GURTEL

Aguirre revela que Rajoy conocía desde 2004 los pelotazos inmobiliarios de Gürtel

En sus respuestas por escrito al juez Ruz, señala que en una reunión con el presidente del PP y Alvaro Lapuerta, le advirtieron de la venta de parcelas edificables en Arganda y Majadahonda a precio muy inferior al de mercado

Esperanza Aguirre se reunió a finales de 2004 con el entonces tesorero del PP Alvaro Lapuerta, y con el presidente del partido, Mariano Rajoy, para hablar de sendas operaciones urbanísticas en Majadahonda y Arganda que el juez investiga por constituir, presuntamente, pelotazos de la trama Gürtel. El encuentro se celebró en el despacho de Rajoy en la sede de Génova 13, según señala la expresidenta de la Comunidad de Madrid en sus respuestas por escrito al juez Pablo Ruz.

Lapuerta advirtió a Aguirre, que acababa de ser elegida presidenta de la Comunidad, que en los citados municipios de Madrid sus respectivos ayuntamientos, del PP, pretendían vender unasparcelas edificables a un precio tasado, un tipo de enajenaciones de patrimonio público que acababan de ser permitidas por la ley. 

"La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado", destaca la actual presidenta del PP madrileño, y añade: "Y creo recordar que me advirtió también de que podría haber impugnaciones de los licitadores porque los criterios de adjudicación pudieran no ser suficientemente objetivos".

La diferencia de precio en el caso de Majadahonda es ilustrada por la propia Aguirre, que destaca que finalmente la adjudicación se hizo ponderando el precio y no por precio tasado o fijo, "y las parcelas se venvieron por ¡¡¡62 millones de euros¡¡¡ más que el precio tasado (...) (de 90 a 150 mllones). O sea que había 10.000.000.000 de las antiguas pesetas que perdía Majadahonda y alguien ganaba", escribe la expresidenta madrileña.

Tras la advertencia de Lapuerta (en una reunión en la que dice que, además de Rajoy, es posible que estuviese Luis Bárcenas)  llamó a los dos alcaldes concernidos (ambos imputados hoy en el 'caso Gürtel'. El de Arganda, Ginés López, le dijo que la parcela ya estaba adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento era absolutamente legal. También señaló que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos (lo que era falso, según indica la propia testigo).Benjamín Martín Vasco (exdiputado autonómico del PP y también imputado), que era jefe de la empresa de suelo de Arganda, le corroboró los mismos datos.

Por su parte, Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda en 2004, le explicó que todavía no había culminado la adjudicación pero que pensaba hacerla a precio tasado, ya que era legal y de su exclusiva competencia, pese a que Aguirre le advirtió, según ella, de las "contraindicaciones" de una operación así: pérdida para el patrimonio municipal y posibles pleitos de los licitadores por falta de objetividad.

Aguirre da estas explicaciones para ilustrar su famosa frase, pronunciada en la Asamblea de Madrid, de "Yo destapé la trama Gürtel", en la que se refería a su oposición a la venta de una parcela pública en Majadahonda. Semanas después, le informaron de 'gravísimas disensiones' en el seno del PP de Majadahonda por este asunto, ya que doce los quince concejales (todos menos el alcalde, y los concejales José Luis Peñas --quien sí destapó de verdad la trama Güirtel al grabar a Correa-- y otro apellidado Moreno) querían que el precio al que salían a concurso era muy inferior al de mercado.

La expresidenta señala que ella pidió entonces a Ortega que dimitiese, y que él lo hizo, apoyando ella entonces  que ocupase una vacante en el mercado Puerta de Toledo, porque "estaba cualificado para el puesto y en aquel momento no se tenía conocimiento de que hubiera ninguna ilegalidad".

El nuevo alcalde, Narciso de Foxá, es el que cambio el precio de adjudicación, pasando el precio de 90 a 150 millones de euros. Aguirre añade que Peñas y Moreno no pararon entonces de presentar demandas y perderlas con De Foxá, y cuando Correa se hartó de pagarles las condenas en costas, decidieron grabar sus conversaciones con él, dando origen al 'caso Gürtel'.

Por otro lado, Aguirre señala en sus contestaciones escritas como testigo del caso, que ocupan 48 folios, que ni sabía quién era Francisco Correa ni lo había visto nunca, salvo en fotografías una vez destapada la trama Gürtel.

"No le he visto en mi vida [a Francisco Correa, cabecilla de red corrupta], salvo en fotografía después del auto de febrero de 2009 [cuando estalló el caso Gürtel], ha dejado escrito la presidente del PP madrileño. "En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a mí a escurrir", afirma Aguirre en una de las respuestas a las 170 preguntas sobre esta causa que contestó ayer por escrito en su despacho de la calle Génova.

La expresidenta incide en que su gabinete "jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa" y respecto al exconsejero regional imputado en la causa Alberto López Viejo mantiene que no era "en absoluto" de su "total confianza" y que ella no le puso en la lista para las elecciones autonómicas.

Dice además que desconocía su proceder en las adjudicaciones a la empresa Easy Concept, vinculada a la trama Gürtel, porque "de haberlo sabido, le hubiera cesado en ese mismo momento".

De este modo, niega saber si Special Events organizó y montó actos para el PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, alegando que aunque era la candidata "no llevaba la campaña".

También niega haber prohibido a López Viejo contratar con las empresas de la trama Gürtel, ya que no fue hasta el auto de Garzón de 2009 cuando "exigió", dice, la dimisión de todos los implicados que formaban parte de su Gobierno.

Lo que sí hizo fue pedir explicaciones a López Viejo en 2005 a raíz de la publicación de un artículo de la revista Interviú titulado "Las amistades peligrosas", en el que se decía que unas personas vinculadas al PP estaban obteniendo contratos de administraciones gobernadas por el partido y entre ellas la Comunidad de Madrid.

"Esa mañana le llamé a mi despacho (creo que es la única vez que vino antes del 9 de febrero de 2009, cuando le pedí la dimisión) y le pregunté: ¿es cierto esto que dice Interviú? Y él respondió: 'no, presidenta. Muy al principio de llegar aquí se les encargó algo pero ya no se les encarga nada. Ahora se les encargan los actos a...' y me da una serie de nombres que no aparecen para nada en Interviú", relata Aguirre en una de sus respuestas.

Ante esa respuesta señala que se quedó "tranquila" porque "la revista no denunciaba ninguna ilegalidad, ni siquiera irregularidad" y precisa que se dirigió a él porque su nombre aparecía en la citada publicación.

Segura de que los contratos eran legales

Además, entonces "estaba segura de que todos los contratos de la Comunidad de Madrid se realizaban por los procedimientos legalmente establecidos"

"Ahora, 'a posteriori', he sabido que Alberto López Viejo amenazaba con mi no asistencia al acto en cuestión para vencer las resistencias en caso de que existieran", añadió Aguirre.

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EL JUEZ SILVA RELACIONA LOS EMAILS DE BLESA CON GURTEL, AZNAR Y AGAG

El juez Silva relaciona los correos de Blesa con Gürtel, Aznar y Agag

Reclama al TSJ de Madrid que le permita el acceso a los mails por ser esenciales para defenderse de la querella de la Fiscalía por el encarcelamiento del exbanquero

El juez Elpidio José Silva, que encarceló dos veces al exbanquero Miguel Blesa, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la prohibición de acceso a 8.000 correos electrónicos obtenidos de los ordenadores del expresidente de Cajamadrid. El magistrado, en el marco de la querella que la Fiscalía ha presentado contra él por prevaricación, eleva el tiro y señala que en el paquete de mails algunos hacen referencia al pago de facturas por parte de la caja madrileña a la trama Gürtel, y que hay otros donde se menciona a José María Aznar, su yerno Alejandro Agag y una operación de compra de armas, según fuentes jurídicas.

El juez Silva sólo apunta alguno de los contenidos de los correos, que considera esenciales para su defensa por mostrar la actuación de Blesa y otros exdirectivos de Cajamadrid imputados para desarrollar operaciones irregulares. El magistrado los conoció cuando instruía las causas contra Blesa, y ahora están incorporados a la causa del TSJ de Madrid pero sin acceso para él.

Entiende que el contenido de los mails demuestra que actuó con extrema prudencia, sigilo y discreción como instructor de las causas contra Blesa, que le han costado la querella de la Fiscalía por delitos de prevaricación, contra la libertad y de retardo malicioso en la administración de justicia. El magistrado insiste en que en los correos se reflejanactuaciones extravagantes, que apuntan a tráfico de influencias y concesión de créditos a sabiendas de que no se cobrarían y que supondrían perjuicios para la entidad.

Con esos argumentos, el objeto del recurso es permitir que tanto sus abogados como él mismo puedan examinar los correos electrónicos, lo que el instructor del TSJ de Madrid, Jesús Gavilán, denegó al considerar que afectan a la esfera de la intimidad de Blesa.

Asimismo, y en otro escrito, el juez Silva propone al instructor la práctica de una batería de pruebas para contrarrestar la querella de la Fiscalía. En primer término, pide al juez Jesús Gavilán que le cite a él mismo. Su comparecencia como imputado fue pospuesta en tres ocasiones a lo largo del pasado mes de octubre, ante la alegación del juez querellado de que sus abogados y él no habían tenido opción de analizar la totalidad de la causa.

El juez pide que se cite a sus colegas de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez

Para armar su defensa, los letrados del magistrado objeto de la querella de la Fiscalía piden además, como diligencias de prueba, que se cite a los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia' y que tiene imputado a Blesa por la emisión de preferentes; así como a Javier Gómez Bermúdez, que investiga la causa contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Silva defiende que el testimonio de ambos es relevante para conocer la práctica forense y procesal en relación a delitos como los que investigó él en el 'caso Blesa'.

Otros testigos propuestos por la defensa son los guardias civiles de Rivas Vaciamadrid que investigaron la causa contra Blesa a las órdenes de Silva, y que solicitaron medidas para el esclarecimiento de la causa que el juez acordó posteriormente, siendo algunas de ellas consideradas prevaricadoras por la Fiscalía. Entre ellas destaca la solicitud de que se decretase secreto de sumario, la intervención de comunicaciones y orden de entrada y registro.

También piden que declaren como testigos ante el juez los peritos de la auditora KPMG, que realizaron un informe que certificaba irregularidades en la concesión del crédito de 26 millones de euros por Cajamadrid al expresidente de la CEOE y entonces consejero de la propia Caja Gerardo Díaz Ferrán. Asimismo, quiere que confirmen si fueron objeto de presiones por parte de consejeros de la caja madrileña como Estanislao Rodríguez Ponga o José Antonio Moral Santín, proximos el primero al PP y el segundo a IU.

Su petición de prueba incluye la comparecencia de su sustituto en determinadas fechas de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña, que firmó la inhibición de la causa en julio de 2012 confirmando la reapertura de las actuaciones, ambas decisiones cuestionadas por la Fiscalía por injustificadas e inmotivadas. Y la de dos secretarios judiciales relacionados con el caso del crédito y el de la compra de un banco de Miami por Cajamadrid.

Asimismo, quiere que testifiquen el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y los abogados de Ausbanc que representaron a dicho sindicato como acusación en la causa contra Blesa, Luis Pineda y Almudena Velázquez, para explicar detalles de su personación en la causa --negada por el fiscal--, su petición de prisión para el expresidente de Cajamadrid, y otras cuestiones procesales defendidas por Blesa y su abogado, Carlos Aguilar. También solicita la citación de cuatro directivos de Bankia, y que se lleve a cabo en el Tribunal el visionado de las grabaciones audiovisuales de las declaraciones testificales y de imputados en el caso del crédito y en el del Banco de Miami.

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EL MANDO DE LA POLICIA INFORMA AL JUEZ RUZ QUE NO TIENE MEDIOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR LA INVESTIGACION DE LA GURTEL

El mando de la UDEF insinúa a Ruz que no tiene medios suficientes para seguir su ritmo de investigación de la Gürtel

En un escrito la policía judicial reconoce que sigue teniendo pendientes informes de actuaciones que se realizaron en 2009

El pasado 20 de noviembre, en ELPLURAL.COM les informábamos de la coincidencia de dos escritos de los magistrados que llevan en estos momentos los temas mediáticos ‘estrella’ de la justicia: el juez Ruz, que instruye la causa ‘Gürtel-Bárcenas’, y el juez Castro, que lleva la investigación del caso Nóos. En sus escritos los dos se quejaban de la lentitud con la que les llegaba respuesta por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a los informes que les pedían.

En concreto, como les decíamos entonces, resultaba llamativa la dureza de la advertencia del juez Pablo Ruz a la policía judicial. “No habiéndose emitido aún el informe de avance interesado, y resultando el mismo imprescindible para la práctica de ulteriores diligencias de investigación”, encabezaba su oficio el magistrado, conminaba a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, “a fin de que de forma urgente, y en todo caso, en el improrrogable plazo de TRES días, procen a la presentación del meritado informe de avance” (el subrayado y las capitulares son del original).

Documento de la UDEF enviado al juez Pablo Ruz.

Falta de medios, ambiente de crispaciónELPLURAL.COM ha tenido acceso a la respuesta de la UDEF al juez. Un escrito que viene a ratificar la información que se desprendía de nuestro artículo anterior: la policía judicial reconoce que está atascada, que no da a basto, que no cuenta con los medios precisos. Algo que no favorece, sin duda, el ambiente crispado que se vive en la Unidad, que se siente en el ojo del huracán, ‘vigilada’ por los superiores y con cambios continuos en su cúpula.

En su oficio, la UDEF reconoce que el juez les ha enviado dos providencias, una en septiembre y otra en octubre, “al objeto de que se presentaran los informes pendientes de emisión” de actuaciones practicadas con anterioridad e “interesando que a la mayor urgencia se informe al juzgado sobre el estado de confección y avance de los distintos informes”. Se trata de operaciones, “diligencias de entrada y registro en distintos domicilios de personas físicas y jurídicas”, que se realizaron… el 6 de febrero de 2009, casi cinco años antes.

Sólo un informe concluido, muchos en “proceso de elaboración” cuatro años más tardeEn su explicación, casi justificación, el escrito, que aparece firmado por el Comisario jefe de la Brigada de Investigación Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, se reconoce que sólo un informe de los pedidos, el de la documentación de una intervención domiciliaria, está finalizado. Igualmente se apunta que otro informe, el que se deriva de la actuación de la intervención en la “sede central de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ sita en la calle Serrano, 40, 4º iza. de Madrid” esta en “proceso de conclusión”.

Pero fuera de estos dos, la UDEF no viene sino a reconocer sus problemas para sacar adelante el trabajo que le pide el juez. Y es que informa de que hay “Informes globales en proceso de elaboración” aún de los registros que se llevaron en cuatro empresas (Consultoría y Gestión de Inversiones, Easy Concept Comunicación, Galher Servicios Administrativos y una Nave industrial de Alcorcón), así como “Informes específicos en proceso de elaboración” de una memoria externa de almacenamiento, intervenida en un domicilio particular y de la Agenda personal y la Memoria externa de almacenamiento intervenidas en el registro de la vivienda de otra persona.

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ESPAÑA: ROBAN DE LA TV VALENCIANA UN VIDEO QUE IMPLICA A COTINO EN LA GURTEL

Roban en TVV un vídeo con una entrevista a un exdirectivo que implica a Cotino en Gürtel

LaSexta compró el documento por 300 euros Un juez de Paterna investiga la sustracción de material

SERGI PITARCH VALENCIA Las imágenes en bruto del reportaje que Societat Anònima hizo sobre RTVV y que no se emitió por contener declaraciones comprometidas sobre la pieza del caso Gürtel donde se investiga la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, ahora bajo secreto de sumario, han sido robadas de la televisión pública. El vídeo, según varias fuentes conocedoras del documento audiovisual, contiene declaraciones del ex jefe del departamento técnico del ente durante la retransmisión, Lluís Sabater, en las que acusa al presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, de ser quien tuvo la idea de instalar pantallas gigantes en la ciudad, negocio gracias al cual la trama dirigida por Francisco Correa facturó 7,5 millones de euros a RTVV.

Parte de las cintas sustraídas fueron compradas por laSexta por 300 euros y han sido ofrecidas a otros medios de comunicación nacionales. Todavía no han sido emitidas. Desde el equipo de Societat Anònima mostraron su preocupación e impotencia por la circulación de estas declaraciones, tanto por el valor periodístico de las mismas que no podrán disfrutar, como por la importancia que pueden tener en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. Cabe recordar que Lluís Sabater, la persona entrevistada y que salpica a Juan Cotino con sus afirmaciones, está imputado en el caso Gürtel y ya tuvo que declarar el pasado año en la Audiencia Nacional.

En concreto, Sabater explica en el vídeo que mantuvo una reunión con otros jefes de RTVV y Juan Cotino, en aquella época conseller de Agricultura, aunque muy involucrado en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En ese encuentro, explica en la entrevista, es donde el actual presidente de las Corts insiste en montar pantallas gigantes por toda la ciudad de Valencia. La otra idea de Cotino, apuntan personas conocedoras del caso, fue la instalación de los 7.000 urinarios móviles, cuyo coste la Fundación para la visita del Papa todavía no ha sufragado a la empresa Acciona, como contó este periódico en exclusiva.

Un juzgado de Paterna investiga tras una denuncia de un particular el pasado lunes 2 de diciembre la sustracción de material en la sede de RTTV en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. El escrito de esta persona fue presentado el mismo día en que el vídeo empezó a circular y se ofreció a varios medios de comunicación.

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) prolongó un mes más el secreto de sumario que levantó sobre la parte que investiga la adjudicación a la empresa Teconsa, de la trama Gürtel, del montaje de las pantallas para la visita del Papa y otras tres piezas más. De los 7,5 millones que RTVV abonó a Teconsa, la mitad no se han justificado y los investigadores sospechan que se los repartieron miembros de la trama en comisiones y el ex director general del ente Pedro García.

El TSJCV está realizando nuevas pesquisas y ha interrogado en los últimos meses a nuevos testigos que pueden aclarar o ampliar la investigación, ahora secreta, para evitar la destrucción de pruebas. El secreto de sumario se levantó después de que un testigo, o dos, afirman algunas fuentes, aportara abundante documentación sobre RTVV, explicaron fuentes conocedoras de las investigaciones.
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IMPUTADOS 4 EX-DIRECTORES DE SANIDAD EN EL CASO GURTEL

Imputados cuatro exdirectores de Sanidad en Gürtel, incluido el ex conseller Luis Rosado

El juez instructor del caso en el TSJCV ha decidido la imputación en referencia a la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008

Los encausados son el citado Luis Rosado, José Clérigues, María Pilar Adela Ripoll y María Luisa Carrera, y se atribuyen nuevos hechos a Dora Ibars y David Serra

El caso Gürtel se ha cobrado cuatro nuevas 'piezas' en la Comunitat Valenciana. Se trata decuatro exaltos cargos de la Conselleria de Sanidad, incluido en exconseller Luis Rosado, a quienes el juez instructor del caso en el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) ha imputado por la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, según informa Europa Press.

De igual modo, el juez atribuye nuevos hechos que pueden ser constitutivos de delito a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars y al exsecretario autonómico de Deportes David Serra, imputados en este procedimiento, según consta en la providencia del 3 de diciembre al que ha tenido acceso la agencia, por medio de la cual se requiere también nueva documentación a la Sociedad Circuito Ricardo Tormo por la promoción realizada en el VI Open de Tenis, diseño, fabricación y colocación de la cartelería, sercicio de azafatas y relaciones públicas por un importe de 34.800 euros.

Los imputados relacionados con la conselleria de Sanidad están citados a declarar el próximo19 de diciembre y son: el mencionado Luis Rosado por su puesto en la Agencia Valenciana de Salud; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Pilar Adela Ripoll, exdirectora general de Calidad y Atención al Paciente; y María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria.

Imputación

El juez decide imputar a estos exaltos cargos de Sanidad al considerar que pudieron ser "cooperadores necesarios" por su participación en la contratación del vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico, tal y como solicitaba Fiscalía. En las diligencias practicadas el juez cree que existen diferentes "contradicciones", principalmente en las declaraciones del exconselles Manuel Cervera, que negó que interviniera en contrataciones o formas de pago, además de quien fuera jefe de gabinete y jefa de prensa de Conselleria.

Mientras tanto, los exdirectores generales negaron iniciar las contrataciones, pese a que reconocieron la realización a nivel formal, aunque después del evento y por indicación de terceros y no por decisión propia, por lo que el juez decidión tomarles declaración, ahora en calidad de imputados, según informa Europa Press.

Resto de imputados

Otro apartado de la providencia está destinado a Ibars y Serra. A la primera, ya imputada por el contrato de Grandes Eventos de Fitur 2009, el juez la cita el 17 de diciembre por lacontratación de la Guía de Comunicación 2005 y regalos y memorias USB 2004, puesto que presuntamente realizó y propuso diversas contrataciones menores que la investigación ha averiguado que supuestamente se fraccionaron en diversos cotratos para evitar la normativa del concurso abierto, impidiendo la aparición de otras ofertas y el principio de libre concurrencia. Estascontrataciones recayeron en sociedades del grupo Correa.

La providencia explica que el citado evento fue adjudicado a las empresas: DT Consulting (12.020,24 €); Boomerangdrive ( 10.500 €); Trece SL ( 6.354,15 €); Technology Consulting Management SL ( 12.020,24 €); Good and Better SL y Orange Market SL ( 12.020,24 €). Unas facturas a las que se les suman las facturadas directamente a la Dirección General de Promoción Institucional, presuntamente a instancias de Orange Market SL, por Gráficas Izquierdo SL yGrupo Rafael SL por 12.020,24 €, "siendo revelador que gran parte de dichas facturas tengan la cuantía tope establecida en la fecha de los hechos para la contratación menor".

Open de Tenis

Ese 17 de diciembre declarará también Serra por las contrataciones del Open de Tenis 2007, una causa en la que aparece como imputado por la contratación del Open 2006. Pese a que inicialmente se informaba que la responsable de la contratación fue la exsecretaria autonómica de Deportes Niurka Montalvo, tras la declaración de ésta se comprobó que Serra dejó su cargo en la Secretaría Autonómica después de la celebración del Open de 2007, por lo que Montalvo "no parece que pudiera decidir o tener intervención sobre la decisión de dichas contrataciones -otra cuestión es sobre la facturación-, que presuntamente ya estaban avanzadas y ultimadas por Serra", informa la agencia.

Por lo que el TSJCV considera que era Serra quien "intervenía en las actuaciones, negociaciones y decisiones relativas a las contrataciones del Open por parte de la Secretaría Autonómica mientras desempeñó tal cargo, habiendo además firmado los contratos de patrocinio de distintas anualidad para el evento".

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