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lunes, 16 de diciembre de 2013

ESPAÑA: HACIENDA RECLAMA 122 MILLONES AL GRUPO DE CAFE MARCILLA POR FRAUDE


Hacienda exige 122 millones a una multinacional holandesa por fraude

La inspección ha levantado actas al grupo de Marcilla, Hornimans y Natreen


La Agencia Tributaria española reclama a la matriz del café Marcilla o el té Hornimans, la holandesa Douwe Egberts Coffe & Tea Southern Europe, un total de 122 millones de euros en concepto de impuestos atrasados, intereses de demora y dos multas millonarias por fraude fiscal. Hacienda llevó a cabo dos investigaciones fiscales sobre las cuentas de la empresa, antes parte del conglomerado Sara Lee. Las pesquisas, que abarcan los ejercicios de entre 2003 y 2009, consideran que la compañía dedujo indebidamente gastos financieros que le permitieron sortear pagos millonarios en su factura con el fisco español. La multinacional batalla en los tribunales contra la decisión española, porque sostiene que tenía derecho a las deducciones.
La primera investigación, que comenzó en 2007 y se llevó a cabo sobre las cuentas de 2003 a 2005, concluyó que la compañía había evitado pagar 50,5 millones de euros del impuesto de sociedades. Además, la Agencia Tributaria le exigía 14 millones en concepto de intereses por esa deuda y le impuso una multa de un millón de euros. Debía pagar también otros 373.000 euros para regularizar sus pagos de IVA. La compañía recurrió los pagos de esos impuestos, primero ante el Tribunal Económico Administrativo Central, y después ante la Audiencia Nacional, donde sigue pendiente de sentencia.
En cuanto a la segunda investigación, hace referencia a los ejercicios de 2005 a 2009. De nuevo, la Agencia Tributaria acusó a la compañía de evitar el pago de impuestos multimillonarios en España. Le reclamó en total 39,7 millones de euros por el impuesto de sociedades y otros 8,9 millones en intereses de demora. Además, según consta en el informe de auditoría de sus cuentas de 2012, la firma PwC recuerda que en mayo de 2013 la compañía recibió la resolución del segundo expediente sancionador, que le impone una nueva multa económica, en este caso, de 7,7 millones de euros. Douwe Egberts Coffe & Tea Southern Europe también ha recurrido estos pagos.
La multinacional batalla en los tribunales contra la decisión española
La compañía presentó en 2010 avales frente a Hacienda por los 64 millones de euros correspondientes a la primera inspección y pagó en 2012 los 48,6 millones reclamados en la segunda investigación. Aun así, mantiene su pelea en los juzgados. Un portavoz de la empresa explica que el caso hace referencia a las deducciones que la empresa aplicó por haber creado en Barcelona la oficina regional para todo el sur de Europa. Al abrir esta sede en España, trasladó a este país las sociedades de los países vecinos, lo que supuso una carga económica importante, para lo que pidió un préstamo intergrupo. La compañía consideró que esa carga financiera podía deducírsela del impuesto de sociedades, igual que el alquiler del edificio que arrendó en Barcelona para sus trabajadores. Hacienda, sin embargo, pone en duda esa operación y le exige 122 millones de euros. La compañía se muestra confiada en que finalmente podrá defender su derecho a estas deducciones y está dispuesta a llegar al Supremo.
No es la primera vez que la multinacional holandesa batalla con Hacienda por el pago de impuestos en España. En 1997 ya sufrió una inspección fiscal sobre la contabilidad de entre 1990 y 1993. La sociedad peleó hasta el Tribunal Supremo, pero finalmente tuvo que pagar 11,3 millones de euros por irregularidades, también en el impuesto de sociedades.
Y España no es el único país que tiene a la empresa bajo la lupa. Según el informe de gestión de 2012, mantienen también litigios con el fisco francés, que inspeccionó sus cuentas de 2008 a 2012. La filial gala de la multinacional ha acordado pagar para regularizar su situación 1,7 millones de euros en total, aunque parte de la negociación sigue en curso.
No es la primera vez que la multinacional holandesa batalla con Hacienda por el pago de impuestos en España
La organización societaria de la antigua empresa de consumo Sara Lee parece hoy un laberinto. La compañía, compuesta por distintas familias de productos, ha sufrido continuas mutaciones desde los noventa. Divisiones que cambiaron de manos, marcas que pasaron a la competencia y escisiones. En 2011, el gigante estadounidense Sara Lee se partió en dos. Una de esas mitades, que aglutinaba marcas de infusiones y cafés, acabó tomando el nombre de una de sus filiales, la holandesa Douwe Egberts Master Blenders 1753, especialista en este sector. Los negocios de Marcilla y Hornimas quedaron primero bajo el paraguas de la sociedad llamada Sara Lee Southern Europe, que ahora ha cambiado su denominación social a Douwe Egberts Coffe & Tea Southern Europe.
Al margen de sus problemas con el fisco, la matriz de Marcilla tiene abierta otra brecha en los tribunales españoles: la compañía reconoce en su informe de 2012 que el 21 de diciembre de 2011 fue demandada por Nestlé, por vulnerar sus patentes de cápsulas de café, ya que Marcilla comercializa monodosis compatible con cafeteras de Nestlé.

martes, 19 de noviembre de 2013

HACIENDA CONFIRMA EL FRAUDE DE 280.000 EUROS DE URDANGARIN Y LA INFANTA


Hacienda confirma que la sociedad de Urdangarin y la infanta defraudó más de 280.000 euros en 3 años

La conclusión de los técnicos es que en ninguno de los ejercicios habría cometido delito ya que el mínimo para que el fraude tenga esa consideración es de 120.000 euros al año 


Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en una imagen de archivo.-
La Agencia Tributaria ha confirmado que Aizoon, la empresa copropiedad de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin,defraudó 281.109 euros del impuesto de sociedades de 2007 a 2010. La administración fiscal, en su Delegación Especial de Catalunya, ha calculado la cantidad a instancias del juez del caso Nóos, José Castro, a quien ha remitido un informe sobre la actividad de la sociedad en ese tiempo. 
La conclusión del balance contable de los técnicos es que en 2007 Aizoon dejó de abonar 99.787 euros del impuesto de sociedades, 91.101 euros en 2008, 71.073 euros en 2009 y 19.148 euros en 2010, con lo que en ninguno de esos ejercicios habría cometido delito, ya que el mínimo para que el fraude tenga esa consideración es de 120.000 euros.
Además, los inspectores ponen de manifiesto que la sociedad era esencialmente un instrumento para canalizar las ganancias de Urdangarin por sus labores de asesoramiento, aunque también obtenía ingresos con el arrendamiento de inmuebles propiedad del matrimonio. 
La Agencia Tributaria resalta además que los contratos de Urdangarin con las empresas a las que aconsejaba se justificaban únicamente por su condición de esposo de la infanta y exdeportista de elite. "En ningún caso constan -ni se han aportado por la entidad a la Inspección- resultados documentales de la actividad desplegada", subraya en su informe Hacienda, que agrega que tampoco los testigos que han declarado en el proceso han sabido ofrecer "más que explicaciones vaporosas" de los servicios proporcionados por Aizoon.

Urdangarin cobró 700.000 euros a través de Aizoon

En el estudio se aporta como ejemplo del peso de los ingresos de Urdangarin en la empresa que compartía con su esposa la relación de ingresos de 2007, en los que lo facturado por asesoramientos y participación en consejos de compañías mercantiles supone un 95 % del total. En ese año, el duque de Palma cobró a través de Aizoon casi 700.000 euros de ocho empresasa las que prestaba servicios de consultoría, que le reportaron cantidades de entre 222.000 y 29.000 euros en el conjunto del ejercicio.
Sus contratos se justifican únicamente por su condición de esposo de la infanta, según Hacienda
"Al menos hasta el ejercicio 2008, la propia naturaleza de las funciones desarrolladas bajo el nombre de Aizoon SL no requería incurrir en gasto alguno, ni afectar bienes, ni organizar recursos materiales o humanos para asegurar la generación de los ingresos", y menos en los casos en los que los contratos incluían cláusulas por las cuales se abonaban los supuestos gastos, indica Hacienda.
En cuanto a la actividad de arrendamiento y subarrendamiento de propiedades de la sociedad, la Agencia Tributaria considera que no puede ser considerada como tal desde el punto de vista fiscal porque no existía un local en el que se desarrollara esa gestión ni una persona contratada expresamente para hacerlo, condiciones requeridas por la ley.
Junto al informe que analiza estos datos, que ha remitido este martes a las partes el juez Castro, Hacienda le entregó el lunes una relación de las declaraciones del impuesto de sociedades de 2003 a 2012 y un resumen de los acrecentamientos patrimoniales de Torres, Urdangarin y las entidades que controlaban.
El instructor del caso Nóos, que ha urgido a la Agencia Tributaria y la Policía para que le aporten cuanto antes toda la información que les ha requerido, tiene previsto consultar a las partes sobre laimputación de la infanta cuando concluya la investigación sobre su papel en Aizoon.

sábado, 2 de noviembre de 2013

EL GOBIERNO NO QUIERE INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL


El Gobierno renuncia a intensificar la lucha contra el fraude fiscal


El Gobierno renuncia a intensificar la lucha contra el fraude fiscal
El banco Wegelin & Co es el más antiguo de Suiza

Sólo ha pasado poco más de un mes desde que Mariano Rajoy anunció a su llegada a Nueva York que se plantaría en la Asamblea de las Naciones Unidas para poner los puntos sobre las íes a Reino Unido y Gibraltar. “Gibraltar no puede ser un paraíso fiscal, ni puede haber contrabando”. En el momento de la verdad, cuando el presidente español subió al estrado, la apelación a Gibraltar se limitó a pedir su descolonización, mientras que la reivindicación concreta de la eliminación de su papel como paraíso fiscal se quedó en el limbo.
Esta anécdota puede servir como ejemplo en la dinámica que ha seguido el PP respecto al fraude fiscal desde que llegó al Gobierno. En lo retórico, el fraude fiscal se ha puesto varias veces en el punto de mira, e incluso se han desarrollado dos leyes al respecto. Aun así, en la práctica, y amnistía fiscal mediante, el sistema tributario español es cada vez más regresivo, es decir, no paga más en términos porcentuales el que más tiene o gana sino todo lo contrario. Además, el fraude fiscal sigue existiendo, y una actuación coordinada internacionalmente contra los paraísos fiscales sigue esperando.
Ante esta situación, el grupo de la Izquierda Plural, a través de su diputado Alberto Garzón, presentó en el Pleno del Congreso el pasado martes una propuesta de ley que fue rechazada por el PP. La iniciativa tenía los siguientes puntos fuertes:
• Dificultar una nueva amnistía fiscal, obligando a convocarla a través de una ley orgánica (se necesita un mayor consenso para aprobar leyes orgánicas que ordinarias).
• Aumentar el periodo de tiempo en el que los delitos fiscales están vigentes a más de diez años. La Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, puesta en marcha por el PP, ya recoge la prescripción a partir de los diez años cuando se dan agravantes como que la cantidad defraudada sea superior a 600.000 euros o se realice en el seno de una organización criminal.
• Endurecer las penas contra los defraudadores. Esta propuesta también está desarrollada en la ley citada anteriormente, que elevó la pena por delito fiscal a un máximo de seis años.
• Hacer público el nombre de las personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal.
• Rebajar la cantidad máxima que se puede realizar en un pago efectivo, de los 2.500 euros que fijó el PP el año pasado, a un límite de 1.000 euros.
• Actuar contra los paraísos fiscales, en especial a los que existen dentro de la UE como Gibraltar, Andorra yLuxemburgo.
El diputado del PP Juan Antonio Abad defendió el no a la propuesta, argumentando que las motivaciones de la misma eran “políticas y no técnicas”, y porque a su Gobierno “le ha preocupado desde el primer momento el fraude fiscal y está legislando para ello”. Respecto a esto último, son dos las leyes que el equipo de Rajoy ha puesto en marcha referentes al fraude fiscal. La primera de ellas es la Ley 7/2012 de 29 de octubre, que según sus promotores intentaba intensificar la lucha contra el fraude fiscal para combatir la caída de ingresos que sucedió al estallido de la crisis. La ley se aprobó con el voto único del Partido Popular tras rechazar 120 enmiendas de la oposición. La segunda es la ya mencionada Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, cuyos principios más importantes han sido anteriormente comentados.
Frente a la idea del Partido Popular de que los deberes en cuanto al fraude fiscal están hechos y que ahora sólo queda esperar a que las nuevas leyes den sus frutos, hay varias voces que alertan de que los problemas siguen vigentes. Una de ellas es la de Miguel Ángel Luque, profesor titular de la Universidad de Almería y especialista en derecho financiero y tributario. Según Luque, cuando un defraudador decide no pagar impuestos tiene en cuenta tres situaciones conjuntamente:
1. La posibilidad de ser descubierto.
2. Las sanciones que se le pueden imponer si finalmente se descubre su actividad ilegal.
3. La posibilidad de que su conducta quede impune. El salir indemne de su delito puede deberse a la puesta en marcha de una amnistía fiscal, algo que en España ya ha sucedido y que, aunque improbable en el corto plazo, podría volver a suceder.
Respecto a la primera, Luque argumenta que no se está trabajando para aumentar las posibilidades de descubrir al evasor fiscal, ya que la Agencia Tributaria no está reponiendo a sus miembros jubilados y la plantilla es ya casi similar en número a la del año 1992, cuando se inauguró esta organización. Además, el profesor de la Universidad de Almería apunta que la vigilancia de la Agencia se limita sobre todo a las rentas del trabajo, “mientras que las grandes empresas, que es donde está el meollo de la cuestión, no reciben tanta presión, incluso hay multinacionales que no han sido nunca investigadas”.
En cuanto a las sanciones, Luque argumenta que éstas pierden su función disuasoria cuando existe la posibilidad de que una vez abierta la instrucción contra un defraudador, si este colabora y devuelve el dinero evadido íntegramente,la pena puede reducirse hasta los seis meses y no conllevar la entrada en prisión. Además, siempre que se colabore, la multa que se impone es de una cantidad irrisoria.
Otro de los problemas que remarcó Alberto Garzón durante su intervención en el Congreso, la mencionadaregresividad del sistema tributario de España, sigue agravándose hoy tras dos años de mandato popular. Mientras que impuestos indirectos como el IVA o el de los hidrocarburos, que no diferencian entre los que más y menos tienen, no han hecho más que subir; el impuesto de sociedades, que grava el beneficio de las empresas, ha escapado tanto a la subida como al debate en torno a él.
Tal es esta situación que Manuel Lago, economista de CCOO, tituló el informe que publicó la Fundación 1º de Mayo y que estudiaba el sistema tributario desde el 2006 al 2011 como El impuesto de sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española. La caída en la recaudación del impuesto de sociedades y de los otros impuestos es lógica porque la actividad económica también descendió. Aun así, Lago defiende que parte de la caída en la recaudación sobre el beneficio empresarial se debe a una cuestión ideológica y a la existencia de un tratamiento de favor implícito a las grandes empresas.
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Este privilegio se concreta en la base imponible del impuesto, es decir, la cantidad sobre la que se aplicará el mismo. Según la lógica, un impuesto que actúa sobre los beneficios de las empresas debería de tener su base imponible sobre el beneficio de las mismas, pero en realidad esto no es así. Según Lago, la base imponible es cada vez más pequeña que los beneficios, por lo que las empresas acaban pagando menos de lo que en un principio deberían pagar. Las reducciones se hacen a través de una compleja ingeniería fiscal que ha permitido que en 2006 el impuesto se aplicara sólo sobre el 85% de los beneficios (15% libre de tributación) y que en 2010 la cantidad se redujera todavía más, hasta el 50% de los beneficios.
Para demostrar que beneficios y base imponible no son lo mismo en España, Lago señala las diferentes caídas de una y otra variable de 2006 a 2009. En estos años los beneficios empresariales se redujeron un 13%, mientras que la base imponible descendió un 44%, lo que demuestra, según el economista, que el impuesto de sociedades “va camino de la irrelevancia”. Esta situación ha provocado que, mientras teóricamente el impuesto de sociedades es de un 30% para grandes empresas y de un 25% para pymes, en realidad este impuesto ha gravado mucho menos a los beneficios, llegando a un mínimo histórico de tan sólo un 9,4% en 2010.
Aprovechar los resquicios legales
La disminución explicada del impuesto de sociedades no es una evasión de impuestos en sí, ya que las empresas no están actuando fuera de ley, sino dentro de ella y aprovechándose de los beneficios que se les reserva. Esto no quiere decir que esta práctica no sea un problema con implicaciones políticas y que se materializa finalmente en recortes sociales.
En una situación de crisis de las cuentas públicas como en la que se encuentra España, un reajuste del presupuesto puede realizarse tanto recortando gasto, como se está haciendo al reducir los servicios públicos, como también aumentando los ingresos a través de resolver la evasión fiscal y solucionando los resquicios legales por los que el dinero que, en teoría, tendría que recaudarse con los impuestos, se escapa. Para el Gobierno, esta segunda posibilidad está cerrada. De su discurso se desprende que todo lo que podían hacer ya está hecho en la lucha contra el fraude y en la consecución de ingresos, por lo que sólo queda seguir recortando para conseguir su principal objetivo de acabar con el déficit.

viernes, 18 de octubre de 2013

EMPRESA CONSERVERA MULTADA POR FRAUDE EN EL ETIQUETADO


Una conservera obligada a pagar 30.000€ por fraude en el origen de los espárragos


Espárragos de Navarra
Esta empresa usaba la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Espárrago de Navarra” para promocionar productos provenientes de Perú y China
Pamplona, 18 de octubre
Primera sentencia que condena a una empresa conservera de Navarra por el uso fraudulento de la IGP “Espárrago de Navarra” en productos originarios de Perú y China. Ahora, tras la decisión de un Juzgado de lo mercantil de Pamplona, esta empresa navarra deberá indemnizar a otras tres empresas conserveras con 30.000€, y deberá retirar todos estos productos del mercado.
En una nota de prensa, desde la Asociación Española de Denominaciones de Origen, ‘Origen España’, han valorado muy positivamente esta condena  interpuesta a la empresa ‘Conservas de Navarra’ por comercializar espárragos provenientes de Perú y China bajo la marca ‘Navarra’, en perjuicio de la Indicación Geográfica Protegida ‘Espárragos de Navarra’.
El Juzgado Mercantil de Pamplona ha estimado la demanda del Consejo Regulador de la IGP al exigir a la empresa el cese del comportamiento fraudulento y el pago de una indemnización que asciende a 30.000 euros para las tres empresas demandantes. Origen España, ha subrayado la importancia de esta decisión que reconoce el derecho de los Consejos Reguladores a ser indemnizados ante tales usos que atentan contra la calidad, el prestigio y la tradición de sus productos.
El engaño a los consumidores y la competencia desleal que han sido puestos en tela de juicio con esta sentencia suponen un espaldarazo para el resto de DOPs e IGPs que sufren continuamente las consecuencias de la piratería y que solo para los asociados de Origen España suponen unas pérdidas de 3 millones de euros anuales.
En un primer pronunciamiento del año 2011, el Juzgado de lo Mercantil de Logroño condenó a la mercantil demandada a cesar en el uso del término ‘Navarra’ y a retirar del mercado todos los productos con etiquetado fraudulento, además de decretar la nulidad total de la marca ‘Coronas de Navarra’ bajo la cual se perpetró la actividad ilícita. Posteriormente, una segunda sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja en el año 2012, reconoció el derecho a reclamar una indemnización en el supuesto de que el infractor actue al amparo de una marca registrada.
Nacida en 2008, Origen España, recuerda que es “consciente de los abusos que estos productos sufren de manera reiterada e indiscriminada en perjuicio del esfuerzo de quienes trabajan día a día por conseguir una calidad, tradición, prestigio y reputación únicos. Por este motivo, la asociación incide en la necesidad del asociacionismo para trabajar en conjunto contra la piratería que sufre el sector”.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

PSOE ACUSA AL PP DE FRAUDE ELECTORAL


PSOE acusa al PP de fraude electoral

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El PP ha ganado las elecciones “mintiendo”, además, no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales, ha denunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, durante la sesión de control al Gobierno. 

Al repasar las “mentiras económicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la vocera del grupo socialista ha señalado que el partido gobernante no ha conseguido cumplir las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales de 2013 en materia de desempleo, inversión, déficit o deuda. 

Rodríguez ha criticado la reforma de las pensiones con la que, a su juicio, el Gobierno pretende sacar 33.000 millones de los bolsillos de los pensionistas. 

Con esta reforma habrá que trabajar más años y cotizar más tiempo para cobrar una pensión que será inferior a las que se reciben hasta ahora para iguales ingresos y cotizaciones, ha explicado. 

El partido gobernante de España ha sido blanco de duras críticas tanto por la opinión pública como por varios partidos políticos que en varias ocasiones han pedido la dimisión del Gobierno, principalmente por estar involucrado en actos de corrupción y la adopción de severas medidas de austeridad.
FUENTE

lunes, 23 de septiembre de 2013

LA JUEZ AYALA DESENTRAÑA EL FRAUDE DE LOS ERES


Alaya desentraña la raíz del fraude de los ERE


La juez Mercedes Alaya llega a la sede de los juzgados de Sevilla. | Conchitina
Más que por el enfrentamiento abierto entre su abogado y la juez, la comparecencia ante Alaya del ex número dos de Presidencia Antonio Lozano se recordará en la instrucción del caso ERE por una razón de verdadero calado. Después de más de dos años y medio de investigación, la magistrada ha desentrañado la raíz del fraude, al asentar que la Junta falseaba sus presupuestos para ocultar la existencia del fondo de reptiles.
Desde el principio de la instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla viene situando las transferencias de financiación –el mecanismo presupuestario por el que se trasvasaban los fondos desde la Consejería de Empleo al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a la Agencia IDEA– en el núcleo de su tesis del delito.
Según reitera en sus autos, las transferencias de financiación se estaban utilizando indebidamente al destinarse al pago de las ayudas de los ERE, cuando sólo podían emplearse para compensar la cuenta de pérdidasy ganancias del organismo receptor o enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
Ahora, la magistrada da un paso más y coloca el foco sobre el origen mismo del fraude. Como puso de manifiesto el pasado jueves en la lectura de cargos a Antonio Lozano, director general de Presupuestos entre 2002 y 2009 y al que imputa la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya sostiene que la Junta falseaba su presupuesto inflando los gastos del organismo pagador –IFA o la Agencia IDEA– para dar apariencia de legalidad al uso de las transferencias de financiación.
En este sentido, la instructora atribuye al ex número dos de Susana Díaz una participación activa en la alteración de la «realidad presupuestaria» del IFA, «simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación». Y añade: «Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios, haciendo imposible teóricamente el uso de las transferencias de financiación, pues las mismas estaban destinadas a cubrir pérdidas».
Antes de acogerse a su derecho a no declarar, Antonio Lozano reconoció a preguntas de la juez que la transferencias de financiación no se pueden destinar «a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones» que otorgaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
El hallazgo de Alaya debilita la defensa que viene manteniendo el Gobierno andaluz y algunos acusados y puede sentenciar el futuro procesal de los altos cargos de la Junta ya imputados o señalados.
La versión oficial defiende la legalidad del sistema con el argumento de que las transferencias de financiación estaban recogidas en el presupuesto que año tras año validaba el Parlamento andaluz sin que nadie planteara objeción. Ello, según la tesis exculpatoria, haría responsable a todos los diputados que votaron a favor de las cuentas.
En el escrito con el que recurrió la imputación de una veintena de altos cargos, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, la Junta reprochaba a la juez que cuestionara el uso de la transferencia de financiación «olvidando que es la propia Ley de Presupuestos la que ordena que el dinero llegue al IFA empleando este mecanismo».

La tesis de Griñán

Ésta es la tesis que mantuvo Griñán cuando, el 25 de septiembre de 2012, compareció en la comisión de investigación de los ERE. «Frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que este procedimiento es y era perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada Ley de Presupuesto», declaró el entonces presidente.
También proclamó la legalidad de este instrumento de financiaciónMagdalena Álvarez en su comparecencia en la Cámara autonómicaen la citada comisión. «¿Se presupuestaron las transferencias de financiación? Sí. ¿Quién lo llevó en el Presupuesto? La Consejería de Hacienda. ¿Quién aprobó el proyecto de ley? El Consejo de Gobierno. ¿Quién aprobó el presupuesto? Este Parlamento. Luego tan mal... ¿Quién conoció, quién conoció, quién conoció que esas transferencias de financiación eran ejecutadas? Todo el mundo, la publicidad es total», defendió.
A la luz de la nueva aportación de la juez Alaya, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Sabía la Cámara que se inflaban presuntamente los gastos del IFA para equilibrar los ingresos y justificar así el empleo de este mecanismo de financiación?
La utilización inadecuada de las transferencias de financiación constituía una de las numerosas advertencias que formuló el interventor generalde la Junta entre 2000 y 2010. Manuel Gómez Martínez, también imputado por la juez Mercedes Alaya, alertó sin éxito en sus informes de que el gasto público efectivo quedaba exento de la fiscalización previa con el empleo de esta figura.
Como Gómez Martínez ha detallado, esa advertencia quedó plasmada en los informes de cuentas anuales de 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 y 2009, así como en los informes de cumplimiento de 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

martes, 3 de septiembre de 2013

PRISION PARA 2 HIJOS DE RUIZ-MATEOS POR FRAUDE FISCAL


Un juez dicta pena de prisión contra dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscalruiz-mateos-alvaro-javier.jpg


Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, dos de los hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, el fundador de Rumasa, han sido condenados a 2 años y 9 meses de prisión cada uno por delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Ambos deberán afrontar además el pago de una multa de 1,8 millones tras el impago del IVA correspondiente a la venta del hotel Casablanca, en la localidad de Peñíscola (Castellón) en el año 2003.
El juzgado de lo penal número 1 de Granada considera acreditado que cometieron un fraude fiscal y, después de materializar la operación, transfirieron gran parte del importe de la misma a una cuenta suiza del Dresdner Bank perteneciente a una sociedad que el conglomerado de la abeja tenía en el paraíso fiscal de Belice: Ramsie Services Corp.
El juez les condena a 1 año y 6 meses de prisión por delito contra la hacienda pública más 1 año y 3 meses y la sanción dineraria por el de alzamiento de bienes. La sentencia fue dictada el pasado 15 de julio por el juzgado de lo penal número 1 de Granada, aunque se notificó ayer.

Firmas interpuestas

Para materializar la venta del establecimiento, que fue adquirido por una empresa de Benidorm, Hotel Tres Coronas, los Ruiz-Mateos utilizaron inicialmente una sociedad holandesa, Tinto Amsterdam Investments BV, y otra española, Sinume. Ambas suscribieron una ampliación de capital en Estofer Patrimonial, que tras una transmisión de acciones, quedó en manos de Ramses, la firma de Belice.
Para llevar a cabo la operación de venta del hotel utilizaron a una testaferro ecuatoriana, Larco Salazar, que fue nombrada administradora de Estofer Patrimonial. El precio global estipulado por la venta fue de 8,7 millones de euros. La empresa de Benidorm abonó 1,39 millones más en concepto de IVA, con lo que pagó en conjunto 10,1 millones.
El problema, según el juez, es que "nunca se declaró dicho beneficio al fisco, toda vez que no presentó declaración-liquidación por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial". Tras llevar a cabo la operación, desde el 14 al 28 de febrero se produjo la total despatrimonialización de la empresa, de tal modo que, según ha acreditado el tribunal, su patrimonio pasó de 7,5 millones a poco más de 3 euros. Es decir, que, según se asegura en la sentencia, "resulta incuestionable que no se atendió el pago de tributo alguno ni por IVA ni por el beneficio derivado de la venta de las fincas". El delito de insolvencia mediante alzamiento de bienes surge con la traslación del importe de los fondos en dinero obtenidos con la venta del hotel mediante su distribución en empresas del Grupo Rumasa, como Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, además de la empresa de Belice.
La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, sospecha, por otro lado, que la cuenta de Dresdner Bank donde se llevaron el dinero de la venta de este hotel es la misma en la que ingresaron el dinero que obtuvieron con la venta de pagarés, otra posible estafa por la que están imputados.

domingo, 25 de agosto de 2013

LA FISCALIA DE NUEVA YORK DEMANDA A DONALD TRUMP POR FRAUDE


La fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump por fraude


Corbis

La fiscalía del estado de Nueva York ha presentado una demanda contra el multimillonario estadounidense Donald Trump por fraude en las actividades de la Universidad Trump (Trump University), según informó la agencia AP.

El fiscal Eric Schneiderman declaró en un comunicado que la organización de Trump, que se comprometió a proporcionar servicios educativos de alta calidad, en realidad solo recaudaba fondos de sus clientes.

Según Schneiderman, se atrajo a los clientes para participar en seminarios costosos, pero en la mayoría de los casos eran "inútiles". Asimismo, a 5.000 estudiantes, que pagaron 35.000 dólares por su educación, se les prometió organizar un encuentro personal con el empresario. Sin embargo, en lugar de eso les ofrecieron que se retrataran junto a una fotografía a tamaño real del multimillonario.

"La Universidad Trump engañó a sus clientes. Sus costosos programas les han causado un perjuicio económico real", indicó Schneiderman. La fiscalía reclama a la organización indemnizaciones por valor de un total de 40 millones de dólares.

Por su parte, Donald Trump rechaza todas las acusaciones, calificándolas como falsas. Opina también que esa demanda está motivada políticamente para favorecer al Partido Demócrata, dado que Trump es conocido como un crítico permanente de Barack Obama.

La universidad, fundada por el multimillonario en 2005, ofrece cursos de bienes raíces, administración de activos, espíritu empresarial y creación de riqueza. No es una institución homologada y no puede otorgar títulos universitarios. En mayo de 2011, la empresa llegó a ser objeto de una investigación por sus "prácticas comerciales ilegales" impulsada por el fiscal general de Nueva York. 
El fiscal Eric Schneiderman declaró en un comunicado que la organización de Trump, que se comprometió a proporcionar servicios educativos de alta calidad, en realidad solo recaudaba fondos de sus clientes.

Según Schneiderman, se atrajo a los clientes para participar en seminarios costosos, pero en la mayoría de los casos eran "inútiles". Asimismo, a 5.000 estudiantes, que pagaron 35.000 dólares por su educación, se les prometió organizar un encuentro personal con el empresario. Sin embargo, en lugar de eso les ofrecieron que se retrataran junto a una fotografía a tamaño real del multimillonario.

"La Universidad Trump engañó a sus clientes. Sus costosos programas les han causado un perjuicio económico real", indicó Schneiderman. La fiscalía reclama a la organización indemnizaciones por valor de un total de 40 millones de dólares.

Por su parte, Donald Trump rechaza todas las acusaciones, calificándolas como falsas. Opina también que esa demanda está motivada políticamente para favorecer al Partido Demócrata, dado que Trump es conocido como un crítico permanente de Barack Obama.

La universidad, fundada por el multimillonario en 2005, ofrece cursos de bienes raíces, administración de activos, espíritu empresarial y creación de riqueza. No es una institución homologada y no puede otorgar títulos universitarios. En mayo de 2011, la empresa llegó a ser objeto de una investigación por sus "prácticas comerciales ilegales" impulsada por el fiscal general de Nueva York. 



La fiscalía del estado de Nueva York ha presentado una demanda contra el multimillonario estadounidense Donald Trump por fraude en las actividades de la Universidad Trump (Trump University), según informó la agencia AP.

El fiscal Eric Schneiderman declaró en un comunicado que la organización de Trump, que se comprometió a proporcionar servicios educativos de alta calidad, en realidad solo recaudaba fondos de sus clientes.

Según Schneiderman, se atrajo a los clientes para participar en seminarios costosos, pero en la mayoría de los casos eran "inútiles". Asimismo, a 5.000 estudiantes, que pagaron 35.000 dólares por su educación, se les prometió organizar un encuentro personal con el empresario. Sin embargo, en lugar de eso les ofrecieron que se retrataran junto a una fotografía a tamaño real del multimillonario.

"La Universidad Trump engañó a sus clientes. Sus costosos programas les han causado un perjuicio económico real", indicó Schneiderman. La fiscalía reclama a la organización indemnizaciones por valor de un total de 40 millones de dólares.

Por su parte, Donald Trump rechaza todas las acusaciones, calificándolas como falsas. Opina también que esa demanda está motivada políticamente para favorecer al Partido Demócrata, dado que Trump es conocido como un crítico permanente de Barack Obama.

La universidad, fundada por el multimillonario en 2005, ofrece cursos de bienes raíces, administración de activos, espíritu empresarial y creación de riqueza. No es una institución homologada y no puede otorgar títulos universitarios. En mayo de 2011, la empresa llegó a ser objeto de una investigación por sus "prácticas comerciales ilegales" impulsada por el fiscal general de Nueva York.

lunes, 19 de agosto de 2013

EL JUEZ DECIDIRA EN SEPTIEMBRE SI IMPUTA A LA INFANTA CRISTINA, POR FRAUDE


El juez decidirá en septiembre si imputa a 


la infanta Cristina por fraude



 infanta Cristina

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José  Castro, decidirá a partir de septiembre si archiva definitivamente  las investigaciones en torno a la Infanta Cristina o si, por el  contrario, se acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o  de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía  Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que  se pronuncien al respecto, según han informado fuentes de la  investigación.

En concreto, el juez se encuentra a la espera de que la Agencia  Tributaria entregue los últimos datos fiscales que restan por  presentar sobre la hija del Rey Don Juan Carlos, y que  previsiblemente serán aportados al magistrado a finales de agosto o a  lo largo del mes de septiembre. A partir de ese momento, el  instructor dará traslado de todas las diligencias cursadas en torno a  la Infanta a las partes para que emitan lo que estimen pertinente en  este sentido.    

Tras ello, Castro decidirá, en base a todos los datos reunidos y  las alegaciones de las acusaciones, qué camino seguir respecto a la  mujer de Iñaki Urdangarin. Un paso con el que el juez dará respuesta  al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de  Baleares, que le emplazó a poner término a las pesquisas relacionadas  con la Duquesa de Palma «en aras de evitar mayores especulaciones» y  debido a que «no resulta posible ni aceptable investigarla  indefinidamente».
Auto
En un extenso auto, en el que la Sala dejó las puertas abiertas al  posible encausamiento de la Infanta por supuesto delito fiscal y de  blanqueo de capitales, la Sala recalcaba incluso que ese cierre de la  investigación constituye «no sólo una exigencia para los derechos que  afectan a la Infanta como persona investigada», dado que «no es  admisible mantener una investigación permanentemente abierta, sino  que al mismo tiempo esta medida dotaría de «transparencia y  posibilidad de control a la actuación judicial». 

Tanto es así que los magistrados señalaban que si a partir de este  momento no aparecen nuevos hechos o elementos de prueba que «hagan  reconsiderar las endebles imputaciones» que llevaron en un primer  momento a citar a la Infanta como imputada, el juez Castro debe  acordar el archivo de las actuaciones judiciales sobre la Duquesa, de  forma provisional o definitiva, o bien tomar esta decisión cuando el  magistrado ponga fin a la instrucción de la causa mediante el auto de  pase a procedimiento abreviado. 

Hasta el momento, la información aportada por la AEAT no considera  a la Infanta cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda  «por el sólo hecho» de ser socia no administradora de la mercantil  Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50 por ciento junto a  Urdangarin y a través de la cual, según el criterio de la Audiencia,  el matrimonio se habrían beneficiado de los ingresos procedentes del  Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a  Hacienda por parte de Aizoon. 

La última diligencia cursada por el Juzgado de Instrucción 3 de  Palma en relación a la Infanta fue la petición a la Agencia  Tributaria para que aporte información sobre las operaciones llevadas  a cabo por la Duquesa con terceros o en las que haya intervenido. De  este modo, Hacienda deberá informar de aquellos proveedores o  acreedores y de aquellos clientes a quienes la Infanta haya comprado  o vendido, respectivamente, bienes o servicios, de acuerdo al modelo  347 de la AEAT para la declaración de operaciones con terceros.  

Pedralbes

Asimismo, Castro ha requerido al Grupo de Delincuencia Económica  de la Policía Nacional en Baleares que investigue la forma en que  fueron pagados los trabajos que los proveedores de la empresa Aizoon  -de la que son copropietarios los Duques de Palma- llevaron a cabo  para la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido como  'palacete' de Pedralbes, propiedad del matrimonio. El juez busca así  indagar si en el marco de estas labores se cometió un presunto delito  de blanqueo de capitales.  

El magistrado libró así un oficio a la Jefatura Superior para que  puedan exclarecerse datos como la identificación de las personas que  efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así  como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que  los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible,  se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia. 

Y es que, según, la Audiencia Provincial, los Duques se habrían  beneficiado, como socios de la mercantil, de los ingresos procedentes  de Nóos. Los investigadores apuntan a que el Duque «interpuso» esta  mercantil para facturar «ciertos servicios de carácter  personalísimo», como el servicio doméstico, que nada tenían que ver  con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de  reducir su propia tributación en la declaración del IRPF. 

De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008,  ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al  menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como «pantalla» para tributar  gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta  personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo  inferior (el aplicado a las sociedades).