PAQUISTAN: AEROLINEA DESPIDE A 300 EMPLEADOS POR FALSOS TITULOS ACADEMICOS

Aerolínea paquistaní despide a 300 empleados por títulos falsos



Las líneas aéreas internacionales de Paquistán (PIA, por sus siglas en inglés) despidieron el sábado a más de 300 empleados por haber presentado títulos académicos falsos. 

De acuerdo con el portavoz de PIA, Mashhood Taywar, entre los trabajadores removidos se encuentran pilotos, ingenieros y tripulantes de cabina. 

“El departamento de administración de recursos humanos había iniciado el proceso de verificación de las credenciales de los aproximadamente 16 mil empleados hace seis meses, proceso que concluirá en breve”, expresó. 

Asimismo, informó del proceso de revisión de títulos falsos de otros 50 miembros del personal de PIA. 

Bajo instrucciones de la Corte Suprema de Paquistán, a raíz de la demanda de un peticionario sobre el contrato de un gran número de empleados de PIA con títulos falsos y por motivos políticos, PIA dio inicio a ese proceso de verificación de títulos de sus empleados.
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ESPAÑA: COCA-COLA DESPIDE A 235 TRABAJADORES

Coca-Cola Iberian Partners cierra el ERE 

con el despido de 235 trabajadores de 

Fuenlabrada

Coca-Cola Iberian Partners ha cerrado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado hace unos meses con el despido de 235 trabajadores de la planta de Fuenlabrada (Madrid) que no se sumaron de forma voluntaria al plan de ajuste presentado por el embotellador único en España, según han informado a Europa Press fuentes próximas al proceso.

   En concreto, cerca de la mitad de la plantilla de Fuenlabrada, integrada por 500 trabajadores, han recibido las cartas de despidos forzosos de la compañía, que completa así el proceso de reestructuración, donde se han visto afectadas 1.191 personas, y que ha quedado resuelto con el 80% de bajas voluntarias, según destacan desde la empresa.

   Con este último paso, se completa la operación que supone el cierre de la planta de Fuenlabrada que llevaba paralizada en su actividad desde que los trabajadores iniciaran hace casi dos meses una huelga indefinida, así como los centros de producción de Asturias, Alicante y Palma de Mallorca, cuyo cierre también está contemplado en el ERE de la compañía.

   El embotellador único ha resuelto ya cerca de las 1.700 solicitudes recibidas en el plan de adhesión voluntario, y sólo les falta resolver alrededor de un centenar de peticiones, por lo que esperan que a partir del 5 de mayo se inicien las recolocaciones.

   En concreto, la adhesión al plan de ajuste en la producción de fábricas se ha situado finalmente en el 100% en las plantas de Asturias, Alicante y Palma de Mallorca, mientras que en la zona centro se ha llegado al 70%. No obstante, en el centro de Fuenlabrada el grado de consecución de los objetivos de reestructuración ha sido de un 60%.

   Los trabajadores pertenecientes a cualquiera de los centros de trabajo y áreas afectados se podían acoger a una prejubilación a partir de 56 años, optar a una recolocación con una ayuda por traslado de 15.000 euros más 500 euros al mes para vivienda durante dos años, o solicitar una baja voluntaria incentivada con 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades más 10.000 euros adicionales.

   Las salidas que se produzcan una vez finalizado el plazo de adhesión se harán con unas condiciones menos ventajosas, ya que se ofrecerá una indemnización de 33 días por año y 24 mensualidades como máximo. Fuentes de la compañía han explicado que los trabajadores que han recibido sus cartas de despido ya tienen sus indemnizaciones.

 

CCOO INSTA A SEGUIR LUCHANDO

   En un comunicado, CC.OO. ha criticado que una vez más "con dinero y el mal uso del mismo, se ha pretendido tapar la realidad a base de campañas publicitarias, anunciando a bombo y platillo que en Coca-Cola no se despide y que con los 'voluntarios' la empresa había cumplido todos los objetivos que se pretendían en el ERE".

   En su opinión, una empresa multinacional "con enormes beneficios no puede nunca, pero menos en este momento con casi seis millones de parados en España, presentar un despido colectivo, alegando que por la fusión de siete empresas hay duplicidades y necesita organizarse mejor".

   En este sentido, han señalado que "siempre" han defendido "una negociación y acuerdo, sin cierres ni despidos forzosos". Por ello, se oponen a los despidos colectivos forzosos que está ejecutando Coca-Cola Iberian Partners en el día de hoy, el mayor volumen de ellos en la empresa Casbega y dentro de la misma en el centro de producción de Fuenlabrada.

   "Es más que evidente que esta medida no favorece a la resolución del conflicto, más bien al contrario", entiende el sindicato, que ha asegurado que ahora se plantean como reto la opción de "readmisión de todos los trabajadores que han despedido forzosamente y que tan solo pretenden conservar su puesto de trabajo y su planta de producción".

   Por todo ello, desde CC.OO. aseguran que seguirán "con el conflicto y la demanda para la nulidad del ERE, hasta que consigan un plan industrial, de empleo y social, sin imposiciones de cierres y despidos forzosos".

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ESPAÑA: COSPEDAL DESPIDE A PROFESORAS INTERINAS DE BAJA MEDICA POR EMBARAZOS DE RIESGO

¡Increíble pero cierto! Cospedal despide a profesoras interinas de baja médica por embarazos de riesgo

Para el Gobierno que preside la secretaria general del PP las embarazadas “no poseen la capacidad funcional para ejercer su labor”

Ser profesora interina en Castilla-La Mancha y pretender ser madre al mismo tiempo; es decir, quedarse embarazada, es incompatible con el mantenimiento del puesto de trabajo, ya que la comunidad que preside la neocon María Dolores Cospedal no es tierra para embarazadas. Todo lo contrario, es territorio hostil donde se pena la condición de ser mujer, interina y madre al mismo tiempo. 

Así, al menos, lo entiende la Consejería que dirige Marcial Marín, hombre de confianza de la también secretaria general del PP, que considera a las futuras madres como profesionales no idóneas al “no poseer la capacidad funcional para ejercer la labor docente”. 

Y como no es broma. Y como no exageramos ni un milímetro, ni añadimos calificativos que a cualquiera le vendrían a la cabeza, ELPLURAL.COM muestra el documento donde se acredita lo escrito (ver documento) que, además, se verá en sede judicial el próximo 10 de abril, puesto que como no podía ser de otra forma la afectada presentó la obligada denuncia.

Embarazadas. No, gracias

Situación que ha sido dada a conocer por la diputada regional del PP castellano-manchego, Blanca Fernández, que en declaraciones a este periódico ha denunciado casos de trabajadoras interinas de la Consejería de Educación a las que se está despidiendo después de que se les dé la baja médica por considerar los ginecólogos sus embarazos de alto riesgo. Hecho que ha calificado de “indecente e impresentable” y ha anticipado que los socialistas van a pedir al Gobierno de Cospedal que explique por qué se están dando estos procesos.

Seis mil profesores menos

A juicio de Blanca Fernández, “no es de recibo que se sigan dando este tipo de situaciones después de que Cospedal haya situado a Castilla-La Mancha como la comunidad en la que más se ha recortado en educación, haber despedido a más de 6.000 profesores, suprimido becas, ayudas a la compra de material escolar y de libros, de comedor y transporte escolar”. Fernández reconocía a ELPLURAL.COM que antes de denunciar la situación de la profesora intentaron persuadir al consejero Marín, “pidiéndole que corrigiera la decisión de despedir a la docente”. Pero ante la indiferencia del Gobierno del PP, al PSOE no le ha quedado más remedio que dar a conocer el caso.

Blanca Fernández, diputada del PSOE.

Una segunda embarazada despedida

Pero aquí no queda la extravagancia. No, todavía hay más. La representante del STE-CLM, Matilde Castilla, reconocía a esta redacción que hay un segundo caso de otra profesora con idéntica situación, en la actualidad en proceso de recurso administrativo. El sindicato considera que “la Administración se extralimita en sus competencias y discrimina a esta profesora, porque le está negando el derecho que tiene cualquier trabajador o trabajadora a ponerse enfermo”, añade, “estar embarazada y padecer una incapacidad temporal relacionada con su embarazo no es un motivo para arrebatarle el puesto de trabajo”.

Las paradojas del Gobierno del PP

Matilde Castilla considera que esta es “la paradoja del gobierno del PP, que dice defender a la familia, que pretende penalizar la interrupción voluntaria del embarazo… en cambio, en la práctica no deja que las mujeres podamos decidir por nosotras mismas, no deja que haya igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mostrándonos su postura ideológica neoconservadora y mercantilista.

Más despidos de embarazadas

Y es que aunque parezca increíble es tan real que, incluso el sindicato nada sospechoso de defender posturas izquierdosas, como es el CSI-F, también denunció en su momento el despido de una trabajadora embarazada del servicio de limpieza de la Consejería de Educación, como no podía ser de otra forma. Última ginefobia que le ha costado recientemente a Cospedal una sentencia a favor de la denunciante, que deberá ser admitida y compensada por tamaña arbitrariedad. El tribunal entiende que el Gobierno de María Dolores Cospedal vulneró el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores y recuerda que las trabajadoras embarazadas no están obligadas a comunicar su situación puesto que la maternidad pertenece al ámbito más íntimo de la persona. ¿Se dará por enterado Marín?

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ESPAÑA: GALLARDON IMPONE PAGAR PARA RECURRIR UN DESPIDO

Gallardón impone que los despedidos paguen por recurrir

Sigue adelante con las tasas laborales, en contra de la opinión del Supremo. Un trabajador con salario de 1.200 euros que recurra su despido pagaría más de 300 euros si llega al Alto Tribunal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante. Va a recuperar las tasas judiciales en los recursos laborales, a pesar del criterio del Tribunal Supremo que las anuló el año pasado.

Así consta en la redacción del actual proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está en trámite en el Congreso de los Diputados y que fue publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo para la presentación de enmiendas terminará el 25 de marzo. Posteriormente, será la Comisión de Justicia la que apruebe esta reforma porque tiene competencia legislativa plena. Esto es, no será vista en los Plenos del Congreso o del Senado.

Las tasas laborales afectan a los despidos, salarios pendientes, indemnizaciones o las propias reclamaciones de un ciudadano a la Seguridad Social.

Concretamente, el Artículo 2.4 del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que "En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social". El artículo obvia la segunda instancia para estas personas.

 La segunda instancia en la jurisdicción social está compuesta del llamado recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 Un trabajador medio que gane 1.200 euros al mes, con una deuda de la empresa de 60.000 euros pagaría cerca de 224 euros por recurrir al TSJ una sentencia desfavorable, y otros 309 por recurrir al Supremo (incluyendo la exención del 60% del total adoptada en la reforma del PP de 2013).

Tasas anuladas por el Tribunal Supremo

Los juzgados de lo Social no están aplicando las tasas a los trabajadores en general, después de la controversia surgida con la aprobación de las tasas en la Ley 10/2012, cuyo impacto fue atenuado en el ámbito laboral en el Real Decreto 3/2013.

Las tasas suscitaron múltiples controversias en los órganos de lo Social. Un juez de lo social se negó a cobrarlas, dos Tribunales Superiores de Justicia interpretaron que no eran exigibles, otro TSJ concluyó lo contrario... La diferencia de pareceres estaba más focalizada entre los TSJ.

Ante esta situación, el 5 de junio de 2013, la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo acordó en un Pleno no jurisdiccional que las tasas no eran exigibles a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios de la Seguridad Social. En su acuerdo influyó el que no se había derogado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.

Lo que ha hecho ahora el Gobierno es reformar la Ley de 1996 en la que se apoyó el Supremo, y excluir el pago de tasas a los sindicatos, pero no a los trabajadores, en sus recursos.

 Un acuerdo no jurisdiccional de una Sala del Supremo no es vinculante para los jueces, pero interpreta la jurisprudencia.

El Supremo basó su decisión en el derecho a la gratuidad de la justicia que se construye en elartículo 119 de la Constitución, así como la doctrina constitucional desarrollada con posterioridad. El acuerdo de la Sala Cuarta del Supremo decía textualmente:

1) Para la tramitación de los recursos de suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la Seguridad Social,  ni al funcionario o  personal estatutario,  que interpongan recursos de suplicación o de casación en el Orden Social, ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.

2) Tampoco son exigibles las Tasas a los sindicatos para la interposición de recursos de suplicación ni de casación, ya unificadora, ya ordinaria, ante la Jurisdicción Social,  ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.

 Contra las tasas judiciales hay interpuestas una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ambas están pendientes de resolución.

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EE.UU.: UNA EMPLEADA DE MCDONALD`S INVITA A LOS BOMBEROS DESPUES DE APAGAR UN INCENDIO Y ES DESPEDIDA

Despiden a una empleada de McDonald´s por invitar a unos bomberos

Una empleada de McDonald's ha sido despedida tras ocho años de trabajo en esa cadena, por agasajar con una comida a un equipo de bomberos y discutir sobre este gesto con su jefe.

Heather Levia, una madre soltera de 23 años, quiso dar así las gracias a los bomberos locales tras ver un reportaje sobre la operación que llevaron a cabo para extinguir un incendio en el condado de Allegany, en el oeste del estado de Nueva York.

Por eso pagó de su bolsillo los 25 desayunos a un grupo de bomberos que llegaron aquella mañana. 

Cuando otro grupo llegó unas horas después, Levia escribió a su jefe para preguntarle si el restaurante podría asumir su cuenta de 70 dólares, una práctica regular de su establecimiento respecto a los policías que pasan por él, según contó a WIVB-TV. 

Su jefe rechazó la propuesta, por lo que la empleada decidió llamar a la central de la cadena, recibiendo una respuesta igualmente negativa. 

No contenta con estas respuestas, Levia se dirigió a sus compañeros de trabajo que apoyaron su idea y recogieron la suma necesaria para pagar la cuenta.

En ese momento los bomberos decidieron llamar al jefe y decirle que no esperan recibir su comida gratuitamente, pero que no consideraban correcto que McDonald's hicieran sentir a la joven como si debiera pagarles la comida. Se ignora qué versión de los hechos recibieron los bomberos para tomar esta decisión, pero de cualquier modo, al día siguiente la empleada se encontró con una carta de despido por "hablar inadecuadamente" a un superior. 

Levia asegura que su jefe le dijo que había "revuelto un avispero", antes de que ella le contestara que no había quebrantado ninguna regla. "Le dije que esto es 'absurdamente ridículo' pero no dirigiendo el calificativo a alguien en concreto", agregó. 

De cualquier modo, al día siguiente fue despedida. 
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REINO UNIDO: BARCLAYS DESPEDIRA A 12.000 PERSONAS

Barclays eliminará 12 mil puestos de trabajo



Con el objetivo de reducir los costes, el banco británico ‘Barclays’ plantea eliminar hasta 12 000 puestos de trabajo, de los cuales más de la mitad de los despidos se producirían en el Reino Unido. 

Según ha informado este martes la entidad financiera, los despidos incluirían 820 altos directivos, junto a 220 ​​consejeros delegados y 600 directores, como parte de lo que el banco describe como un programa de “racionalización”. 

La noticia se conoce poco después de que el segundo mayor banco del Reino Unido volviera a conseguir beneficios. 

De igual manera, la entidad financiera ha expresado que el año pasado aumentó en un 10 % la partida destinada a bonificaciones del personal, lo que provocó cierta controversia en el país europeo. 

“En Barclays creemos en pagar por rendimiento y de manera competitiva”, ha afirmado el consejero delegado de ‘Barclays’, Anthony Jenkins. 

‘Barclays PLC’ es una compañía mundial de servicios financieros con sede en Londres (capital británica), que opera en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Latinoamérica, Australia, Asia y África, y cotiza en la bolsa de Londres, Nueva York y Tokio. Actúa a través de su subsidiaria ‘Barclays Bank PLC’
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ESPAÑA: LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DESPIDE A SU NUMERO 2 CON UNA INDEMNIZACION DE 500.000 EUROS

La SGAE premia a su 'número dos' con 500.000 euros antes de echarlo a la calle

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) defenestró ayer a su secretario general y número dos, Pablo Hernández, para defender la "honorabilidad y transparencia" de la entidad tras las presuntas corruptelas denunciadas por El Confidencial en las últimas semanas. Pero rechazó aplicarle un "despido disciplinario", como reclamó en vano buena parte de los miembros de la Junta Directiva, lo que permitirá a Hernández embolsarse una indemnización de casi 500.000 euros.

Pocas horas antes de que la sociedad de autores hiciese pública, a través de un comunicado, la destitución de su hasta ahora número dos, la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) anunció su adhesión a la querella presentada ayer mismo contra Hernández por el productor musical Fernando Bermúdez, socio de la SGAE, por los presuntos delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y delito societario. ACAM, presidida por el compositor José de Eusebio, cuenta con más de 500 socios, todos miembros de la SGAE.

La tormentosa sesión de la Junta Directiva, bajo la presidencia de José Luis Acosta –el sucesor de Antón Reixa y Eduardo Teddy Bautista–, fue convocada con un único punto en el orden del día: decidir la suerte de Hernández, salpicado por sospechas de corrupción y en el punto de mira del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Su despido fulminante estaba cantado de antemano, pero la cúpula de la SGAE, muy debilitada y cuestionada tras la marcha de Bautista, tenía reservada una traca final.
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ESPAÑA: EL GOBIERNO NEGOCIA CON PLANETA EL DESPIDO DE WYOMING, EL SIGUIENTE DE LA LISTA

El régimen comienza a “fusilar” a sus “generales” disidentes: a Pedro Jota le seguirá Wyoming a cambio de concesiones de Renfe

El régimen español PP-PSOE está muy atemorizado por lo que prevé una debacle electoral el 25-M y en un acto muy característico de este tipo de circunstancias históricas, ha empezado ya a “fusilar” a sus “generales” disidentes: el primero ha sido el periodista Pedro Jota Ramírez, en lo que supone un “aviso” para la tripulación de ese “buque insignia” que era el diario “El Mundo”. Otros generales, como Jaime Mayor Oreja, han preferido el “suicidio” y se han descabalgado de las listas europeas. También coroneles con galones como Vidal Quadras han dado su salto a “Vox”, la formación que pretende sustituir al PP a corto y medio plazo. Incluso el general en jefe, ya retirado, José María Aznar, ha preferido replegarse a sus cuarteles de invierno en Marbella, tras airearse los emails que su hijo enviaba a Blesa con su consentimiento y que él mismo reconoció también haber enviado a los Museos del Prado y Thyssen, a la Residencia de Estudiantes y a la Fundación Lorca. El problema del régimen es que está soltando sus lastres más caros a toda velocidad y le falta tiempo: “Espía en el Congreso” ha podido saber que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de estos “menesteres” internos, está negociando con el editor José Manuel Lara, propietario del diario “La Razón” (PP), el diario “Avui” (CiU) y de la cadena de televisión “La Sexta” (PSOE), la interrupción de los programas de José Miguel Monzón Navarro, más conocido como “El Gran Wyoming“. El precio será alto: la previsible caída en audiencia de La Sexta y el descenso de ingresos que supondrá desprenderse de su figura más emblemática y popular va a ser compensado con la concesión de los trenes de alta velocidad (AVE) a una empresa del propioLara: Veloi Rail, perteneciente al Grupo Hemisferio, que obtendría un negocio que el sector estima en 1900 millones de euros.

Lara no ve con buenos ojos a Wyoming

El Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF), que reúne a expertos y trabajadores del sector, ha desvelado que “la primera licencia “habilitante” y posterior adjudicación de una línea Madrid-Barcelona al Grupo Hemisferio del editor José Manuel Lara, forma parte del cesto de negociaciones en curso entre Gobierno-Generalidad. Posteriormente, la alianza Comsa-Sncf operaría bajo la fórmula low-cost entre Madrid y Barcelona, con los trenes duplex de la operadora pública francesa, desplazando ambas a Renfe Operadora del codiciado corredor noreste”.

FTF atribuye al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, el principal apoyo a Lara “para convertirse en la primera operadora privada de alta velocidad al disponer ya de una autorización ferroviaria y a la espera de un “título habilitante”, en léxico del ministerio”. Según esta fuente, la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, no estaría dispuesta a entrar en batalla con su jefe, ni tampoco el titular de Economía, Luis de Guindos, ni de Hacienda,Cristóbal Montoro. Enigmáticamente, FTF sugiere que “el prohombre del grupo editorial le ha recordado a Rajoy los apoyos mediáticos que recibe del grupo, aunque de no todos los componentes del grupo, haciendo hincapié en que es el único bastión que defiende a capa y espada al gobierno. Rajoy lo sabe y por ello, pero no solo por ello, es el promotor de esta candidatura”. Funcionarios de Moncloa con acceso a la documentación del concurso público y las negociaciones han hecho saber a “Espía en el Congreso” que “Lara está jugando fuerte con Soraya y con la cabeza de Wyoming: o le dan los trenes o Monzón dará más caña“.

Apezarena tiene constancia de las presiones del Gobierno

El periodista José Apezarena, con buenas fuentes en el Gobierno tras su marcha de la Cadena Cope, ha detectado como Rajoy y Soraya quieren cortarle la lengua a Wyoming a toda costa: “Directivos del Grupo Atresmedia han planteado la posibilidad de retirar de la parrilla de la Sexta el programa ‘El Intermedio’. El Gobierno del Partido Popular presiona a la compañía de Silvio González por lo que consideran un formato incómodo y, en ocasiones, ofensivo”.

Para el Gobierno, el problema no es ‘Al rojo vivo’, la tertulia de Antonio García Ferreras. Ni tampoco es ‘Más vale tarde’, el formato de Mamen Mendizábal. Tampoco les provoca especial malestar ‘La Sexta Noche’, en el ‘prime time’ de los sábados. El principal problema para Moncloa y para el PP es uno: ‘El Intermedio’ de Wyoming. “Las presiones son terroríficas”, asegura un alto directivo de la compañía. En los despachos de San Sebastián de los Reyes son conscientes de que Moncloa y Génova se sienten especialmente incómodos con algunos formatos de la Sexta.

Las sornas de Wyoming no hacen reír a Rajoy

El principal problema para Moncloa y para el PP de cara a las elecciones del 25-M es uno: Wyoming. Y él ve venir el golpe con resignación: “No he oído nada, pero imagino que sí porque esta gente a la que nos dirigimos es rencorosa y traicionera, por eso nos cae tan mal. Este es su programa de gestión. Ellos se venden como grandes gestores, hunden las empresas publicas y, una vez que las han hundido deliberadamente, dicen ‘¿ven? son una mierda, no son rentables y no sirven a nadie’. Una vez que están en ese estado, dicen ‘lo mejor seria deshacerse de ellas o venderlas. Yo trabaje en Telemadrid, muchos días mi programa era líder de audiencia. Pero es que la media de la cadena era un 12%. Desde la llegada de estos señores, baja a un 4% y, entonces, la cierran y echan a todo cristo menos a los directivos.  Me han echado de todas las cadenas en las que he trabajado y siempre por el mismo motivo, por ser crítico con el que manda”.

Quieren ver a Wyoming postrado

Y al periodista Enrique Clemente le ha desvelado el contenido de su libro “No estamos locos“: “Los auténticos antisistema no son los que calzan rastas y queman una papelera sino los que nos gobiernan. Hasta que la gente no tome conciencia de que les importamos un carajo (el régimen) no se va a mover. Lo están haciendo de una forma soterrada, con lo que llaman externalizaciones, gestión. Lo van haciendo poco a poco, dando pasitos, convenciendo a la gente de que es necesario. Y hasta cierto punto comprando a la gente”.

Y concluye: “Yo estuve en una universidad con Franco que era gratis. Lo que no puede ocurrir es que en una dictadura fascista la gente pueda ir a la universidad y en una democracia no. Hasta ahí no podemos llegar, ya está bien. Y de esto son responsables unos señores sí y otros no. Pero si hicieran lo mismo, por supuesto. Si el PSOE se dedica a hundir la sanidad pública por supuesto que me cago en todos sus muertos. No tengo ningún familiar ahí metido”.

Fuentes:

Rajoy apoya a Lara para hacerse con la línea Madrid-Barcelona

Lara no tiene ni idea de trenes, pero trae de la mano a la francesa Alstom para que entre en España

El precio de la cabeza de Wyoming: 1900 millones de euros

Lara avisa a Wyoming para que tire la toalla o se muerda la lengua: “sois demasiado duros”

23.000 firmas en Change.org para que Rajoy y Lara dejen de presionar para quitar a Wyoming

Lara admite una Sexta socialista pero sin Wyoming: la excusa será “que esté bien hecha”

Wyoming pone sus barbas a remojar

El nuevo libro de Wyoming puede costarle el puesto, según el Gobierno

José Manuel Lara admite que “existe el interés” por el AVE

Decidido a hacerse con un “trozo del pastel ferroviario”

A José Manuel Lara le interesa el negocio de la alta velocidad, que es el que da más beneficios

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EE.UU.: LA CIA DESPIDE A 5.000 ESPIAS

5.000 'espías' a la calle: la CIA cierra un programa global de vigilancia

La CIA ha ordenado cerrar la Iniciativa de Implementación Global, un proyecto que ha estado en marcha durante los últimos 12 años y ha costado 3.000 millones de dólares. Como resultado 5.000 'espías' perderán su trabajo.

Este programa fue creado tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001 y tuvo como objetivo recolectar información en todo el mundo mediante una red de agentes libres "sin respaldo oficial" (NOC, por sus siglas en ingles).  

La CIA trató de infiltrar a estos espías en embajadas extranjeras, universidades, el mundo de los negocios y consultorías para recibir los datos de primera mano sobre planes terroristas. Sin embargo, la Iniciativa de Implementación Global no llegó a funcionar: los agentes resultaron ser ineficaces como espías por la falta de experiencia, desconocimiento de otros idiomas e incapacidad para intimar con las fuentes informadas.  

5.000 personas, acostumbradas a la 'dolce vita', estatus alto y la percepción de sí mismos como herederos de James Bond, están vagando por el planeta en busca de una nueva felicidad  Varios países han podido revelar las identidades de estos seudoespías y expulsarlos. Así lo hizo, por ejemplo, Irán, informa el diario 'Los Angeles Times' citando dos exempleados de la CIA.  

La poca eficacia y la falta de los resultados concretos de la Iniciativa de Implementación Global resultaron en el hecho que este programa fue mencionado en la lista de los proyectos estatales destinados para ser cerrados para ahorrar fondos federales.  

"5.000 personas, acostumbradas a la 'dolce vita', estatus alto y la percepción de sí mismos como herederos de James Bond, están vagando por el planeta en busca de una nueva felicidad", concluye el politólogo ruso, Eugeni Krutikov, citado por el diario 'Vzglyad'. 

Pronostica que al buscar a los responsables de tirar 3.000 millones de dólares por la ventana, las autoridades de EE.UU. señalarán a los exjefes de la CIA y a la administración de George W. Bush como las cabezas de turco, quienes ya no pueden hacer nada.
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ESPAÑA: DESPIDEN A LA EDUCADORA QUE DENUNCIO ABUSOS SEXUALES EN LA CRUZ ROJA

Despiden a la educadora que denunció abusos sexuales en la Cruz Roja

Trabajadores sociales denuncian que se trata de una represalia del Consell Comarcal del Pla de l'Estany y el Ayuntamiento de Banyoles

Banyoles. (Redacción/Agencias).- La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Acción Social (Assacs) denuncia que el despido de la educadora social, Sílvia Simoes, es una "represalia" por haber destapado el caso de supuestos abusos sexuales a jóvenes por parte de la ex presidente de la Cruz Roja del Pla de l'Estany, Joaquim Homs. Exigen su inmediata reincorporación y las explicaciones del alcalde de Banyoles, Miguel Noguer y el presidente del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay.

Assacs cree que el Consell Comarcal y el Ayuntamiento de Banyoles han buscado un "mecanismo legal" para despedir a la trabajadora, como convocar un nuevo concurso de gestión del servicio socioeducativo donde trabajaba y adjudicarlo a otra empresa. El alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha asegurado que han sido los técnicos quienes han evaluado las propuestas y han resuelto la adjudicación, sin ninguna influencia política.

Esta educadora social trabajaba en el servicio socioeducativo 'El boli azul ', que se lleva a cabo en el barrio de la Farga de Banyoles, precisamente donde viven buena parte de los jóvenes que denunciaron al ex presidente de la Cruz Roja en el Pla de l'Estany por abusos sexuales. Hasta septiembre, la gestión de este recurso dependía del Ayuntamiento de Banyoles, pero el consistorio traspasó la competencia al Consell Comarcal.

Nadie hizo nada

Según ha explicado el alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el ente comarcal ha convocado un nuevo concurso público para adjudicar la gestión de 'El boli azul'. "Ha sido un concurso por invitación, han invitado a la empresa que lo hacía hasta ahora porque estábamos satisfechos con su trabajo y también a algunas empresas más" detalló Noguer. Una vez recibidas las propuestas, relata, han sido los técnicos los que se han encargado de evaluarlas y concluir cuál es la empresa adjudicataria. "Tanto yo como el presidente del consejo comarcal estamos muy tranquilos, porque es una decisión técnica ", ha explicado Noguer, que añade que no hay ninguna influencia política en todo el proceso. "Aquí no hay ninguna represalia contra nada ni contra nadie", ha asegurado el alcalde de Banyoles.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Acción Social (Assac) en cambio, cree que ayuntamiento y Consell Comarcal han encontrado un "mecanismo legal "para quitar de en medio una monitora que les resulta incómoda. El portavoz de Assacs, Marc Sánchez, explicó que el papel de esta trabajadora social fue esencial para destapar el caso de los supuestos abusos sexuales del ex presidente de la Cruz Roja a jóvenes usuarios de la entidad en la comarca.

Sánchez explicó que esta monitora fue una de las que informó al gerente de servicios sociales y al propio ayuntamiento de las acusaciones que hacían algunos usuarios contra el ex presidente de la Cruz Roja. "Como no nadie actuó", relata Sánchez, la monitora ayudó a los jóvenes a reunir fuerzas para denunciarlo, tal como terminaron haciendo algunos.

Por ello, Assacs reclama la "inmediata reincorporación" de la trabajadores y que el alcalde y el presidente del consejo comarcal comparezcan públicamente para dar explicaciones al respecto y "restituir el daño causado". Además, han convocado una reunión el 9 de enero en el centro cívico de Banyoles del barrio de la Farga abierta a entidades y personas que quieran sumarse a un movimiento ciudadano creado para denunciar estos hechos.

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EL SUPREMO CONFIRMA LA NULIDAD DEL DESPIDO COLECTIVO DEL GRUPO PRISA, NO CUMPLIO CON LOS PACTOS

TS confirma la nulidad del despido colectivo de 

Prisa Corporativa: no cumplió los pactos de fin 

de huelga que estaban vigentes en el Grupo

La Sala General de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que confirma la nulidad del despido colectivo adoptado en Prisa Corporativa al apreciar que dicha decisión  no estuvo ajustada a derecho por no cumplirse los acuerdos previos firmados entre la empresa y los trabajadores en un proceso de mediación que puso fin a una huelga en este grupo de comunicación.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa editora contra la resolución adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Alto Tribunal confirma la condena a la empresa editora –Promotora de Informaciones, S.A.- a indemnizar a los 23 trabajadores de Prisa Corporación con 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades. Esta indemnización es la prevista en los pactos que la empresa no respetó y que el Alto Tribunal resuelve que están vigentes.

En su sentencia, fechada el 30 de octubre, la Sala de lo Social del Supremo falla que el despido colectivo decidido por la empresa en septiembre de 2012 vulneró dichos acuerdos, firmados el 20 de mayo de 2011 y el 14 de junio de 2011 entre el grupo de comunicación y los sindicatos UGT y CC.OO.

En estos pactos mediados, ambas partes se comprometían a acometer cualquier proceso de reestructuración que afectara al volumen de empleo a través del diálogo y la negociación, con un módulo indemnizatorio de referencia de 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades.

Para este fin se creó una Comisión de seguimiento de los compromisos adquiridos que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pactaran mantener su operatividad más allá de dicha fecha. Sin embargo, Prisa instó un despido colectivo en Prisa Corporativa dos meses antes, en septiembre de 2012.

El Alto Tribunal falla que tales pactos “tienen la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.2 del Real Decreto Ley de 04-03-1977; se trata de acuerdos que ostentan la naturaleza de acuerdos de desconvocatoria o fin de huelga, y como tales han de desplegar plena eficacia”.

La naturaleza de Convenio Colectivo de dichos acuerdos está corroborada por la jurisprudencia constitucional y social y su interpretación debe ajustarse a las normas que regulan los convenios colectivos. La sentencia de Tribunal Supremo cita, a este respecto, la numerosa jurisprudencia existente.

Tampoco la entidad demandada puede poner ahora en duda, sin dato alguno, la representatividad de las entidades con las que negoció la terminación de la huelga. “Es un proceder contrario a la buena fe procesal”, resuelve la Sala.

El Tribunal Supremo también desestima los argumentos esgrimidos por la representación de los trabajadores, en el sentido de que el comité de dirección había acordado el despido colectivo cuando había subido el sueldo de sus consejeros en más del 160% y en algún caso con bonos aumentados en un 337%.

Los datos que tratan de incorporar sobre la situación económica de la sociedad demandada y las retribuciones de sus administradores “son intrascendentes a efectos del fallo, a la vista de que, por lo ya dicho, no es necesario entrar en el examen de las causas alegadas para el despido”.

Se adjunta la sentencia de la Sala General de lo Social del Tribunal Supremo, fechada el 30 de octubre de 2013. La ponente ha sido la magistrada Rosa María Virolés Piñol en el recurso de casación número 47/2013.

Nota: Esta noticia ha sido elaborada por Comunicación del Poder Judicial a los efectos informativos y carece de vinculación legal con la sentencia.

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ESPAÑA: EL GOBIERNO YA PUEDE DESPEDIR FUNCIONARIOS, UN INFORME DE HACIENDA LO AVALA

Un informe encargado por Hacienda abre por primera vez la puerta al despido de funcionarios

• Según la normativa actual, un funcionario que ha accedido a su puesto después de haber superado una oposición sólo puede ser separado del mismo por faltas disciplinarias de carácter muy grave.
• Un informe técnico encargado por el Ministerio de Hacienda plantea poner en marcha un procedimiento que permita el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso".

Revelar un secreto de Estado, incurrir en prácticas discriminatorias por razones de sexo, religión o nacionalidad, abandonar el puesto de trabajo durante días o semanas sin dar explicación alguna, aprovecharse de su cargo para obtener una ventaja para sí o para otra persona o desobedecer abiertamente las órdenes motivadas y ajustadas a la legalidad de un superior.

Éstas prácticas que en algunos casos constituyen directamente un delito y que en otros justificarían un despido procedente en cualquier empresa seria del sector privado son algunas de las escasas situaciones que podrían, sólo podrían, derivar en la "separación del servicio" de un funcionario que ha obtenido su puesto tras superar una oposición a día de hoy.

Se trata de faltas disciplinarias catalogadas como muy graves según elEstatuto Básico del Empleado Público, que prevé la "separación del servicio" de los funcionarios que incurran en las mismas.

¿Qué significa esto de "separación del servicio"? Pues la ley no lo deja muy claro, si bien sí deja entrever que no tiene por qué ser definitiva, ya que cuando habla de los efectos para los funcionarios interinos señala una consecuencia más definitiva: la "revocación de su nombramiento".

Para la mayoría de los legalistas expertos en Derecho Público consultados la conclusión está clara: "A día de hoy es prácticamente imposible, con la ley en la mano, despedir de forma definitiva a un funcionario de carrera, salvo que haya incurrido en un delito de cierta gravedad".

Este blindaje podría estar a punto de caer.

Despidos de funcionarios

Un informe técnico encargado en diciembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda a un grupo de responsables de Función Pública de la Administración del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, para analizar el desarrollo pendiente del Estatuto Básico del Empleado Público, ha abierto por primera vez la puerta a fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de carrera por causas no estrictamente disciplinarias.

El comité de expertos, a cuyas conclusiones ha tenido accesolainformacion.com, insta a Gobierno y comunidades autónomas a desarrollar un procedimiento que regule el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso" en los casos en que exista una evaluación negativa del desempeño del funcionario en cuestión.

El posible despido de funcionarios, por tanto, ya no dependería únicamente de cuestiones disciplinarias sino también del cumplimiento de los objetivos establecidos para su puesto y de la positiva evaluación de su desempeño profesional.

En realidad, lo que plantea el comité de expertos constituído por Hacienda no es otra cosa que dar cuerpo a un principio que ya se establecía en la Ley reguladora del EBEP, aprobada por el ministro Jordi Sevilla en 2007.

La exposición de motivos de esa ley, aún pendiente de desarrollo en muchas de sus disposiciones, decía: "Hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades. La continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo alcanzado por concurso se ha de hacer depender de la evaluación positiva de su desempeño".

El problema es que en la actualidad no existe un sistema reglado de evaluación del desempeño en la Administración Pública española. Por ello el comité de expertos subraya que el desarrollo de este procedimiento debe ir ligado ineludiblemente al establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño en la Administración Pública española.

Garantías para los afectados

Una pregunta surge inmediatamente: ¿significa esto que los funcionarios que no superaran el examen de evaluación del desempeño podrían ser automáticamente despedidos? No.

El comité de expertos subraya también la necesidad de modular el procedimiento para evitar arbitrariedades.

Se debe definir, por ejemplo, de forma muy clara los casos en que se podría cesar a un funcionario, los requisitos que se deben reunir para llegar a esta solución o en qué grado o ámbitos puede darse.

Del mismo modo, habría que diseñar un sistema de garantías para asistir a los afectados, que debería incluir en cualquier caso la posibilidad de audiencia por parte del órgano que adoptara la decisión y la exigencia de una resolución motivada para adoptar la decisión.

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